Los socios de Sánchez urgen a actuar contra las rebajas fiscales del PP y le exigen subir ya los impuestos a rentas altas
presupuestos del estado 2023
Montero presume de perfilar un gasto público «histórico» para 2023 y sus socios le animan a derogar los controles legales a su incremento
El PP acusa al Gobierno de incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de poner a las cuentas públicas en situación de «extrema vulnerabilidad»
El Congreso apoya el techo de gasto de 198.221 millones para 2023 y la suspensión de las reglas fiscales con la abstención del PP
El movimiento del Gobierno de Andalucía suprimiendo la aplicación del Impuesto de Patrimonio en su territorio, del mismo modo que ya sucede en la Comunidad de Madrid, ha obligado al Gobierno a cambiar el paso y a reaccionar rápidamente para sostener el pulso en este especie de batalla fiscal. Si este miércoles era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que deslizaba que el Gobierno había empezado a explorar las opciones de establecer una nueva figura fiscal para las rentas más altas, este jueves sus principales socios parlamentarios han aprovechado el debate en torno al techo de gasto de los Presupuestos de 2023 y la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales para animar al Ejecutivo a subir los impuestos a las grandes rentas como reacción a la política de rebajas fiscales del PP.
«Ha llegado el momento de plantear el debate de la política fiscal«, ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Txema Guijarro, tras afear al PSOE su rechazo a tramitar la pasada primavera una proposición de ley de su formación para implantar un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas de cara a 2023. La formación morada no sólo ha pedido a la ministra de Hacienda que acelere la creación de un nuevo impuesto a las grandes rentas, bajo el consabido argumento de garantizar un reparto justo de las cargas de la crisis, sino que también le ha instado a "legislar de forma urgente contra el 'dumping fiscal' de las comunidades autónomas del PP, que no sólo va contra Cataluña sino contra todos y todas".
A un año de las elecciones generales los socios del Gobierno parecen haber visto en el movimiento fiscal del PP, con la supresión 'de facto' de la aplicación del impuesto en Andalucía y el anuncio de nuevas rebajas fiscales en Renta y Patrimonio en la Región de Murcia, el contexto ideal para conseguir que el PSOE se avenga de una vez a realizar una subida de impuestos decidida en el último año de legislatura.
Presión al Gobierno para que varíe su política fiscal
Aunque el debate parlamentario de ayer no iba sobre el contenido de los Presupuestos de 2023, sino sobre la aprobación o no del techo de gasto para el próximo año, de 198.221 millones de euros, y sobre el aval parlamentario a la suspensión de la regla de gasto -que recibió en ambos casos-, Unidas Podemos, ERC, Bildu y las formaciones del Grupo Plural y del Grupo Mixto que acostumbran a reforzar la mayoría parlamentaria progresista en el Gobierno exigieron a coro una reforma fiscal que incremente la presión fiscal sobre las rentas altas para conseguir ingresos para "reforzar el estado del bienestar".
También exigieron de forma conjunta la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del artículo 135 de la Constitución, que sitúa como principio constitucional el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad financiera del Estado, pero que las formaciones de la izquierda ven como un muro de contención para el gasto público.
La ministra de Hacienda no planteó un escenario de derogación, pero sí presumió del techo de gasto más elevado de la historia y de haber generado los márgenes suficientes para que comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social tengan mayor holgura financiera en el año 2023.
Desde el Partido Popular, Elvira Rodríguez, recordó a la ministra de Hacienda que la Comisión Europea ha exigido de forma expresa a España una política presupuestaria prudente de cara al año que viene y le acusó de alentar el incremento del gasto corriente llevando a las cuentas públicas españolas a una situación de "vulnerabilidad extrema".
MÁS INFORMACIÓN
La portavoz popular, interventora del Estado de formación, acusó también al Gobierno de saltarse todos los controles establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria incluso cuando esta suspendida su aplicación, como los informes preceptivos del Comisión Nacional de Administración Local y el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el informe 'ad hoc' del Banco de España, y de esquivar su obligación de presentar un Plan de Reequilibrio "como le están recordando constantemente la Airef o el Banco de España".
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete