La senda de déficit de Montero pasa el trámite del Congreso y encara por segunda vez el muro de la mayoría del PP en el Senado

El Gobierno ha decidido no cambiar ni una coma de los tres elementos que configuran la que debería constituir la base sobre la que se construya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024: senda de reducción del déficit, plan de reequilibrio del Estado y techo de gasto. No lo ha hecho porque está convencido de que puede sacar adelante los Presupuestos sin necesidad de abrir negociación alguna con el grupo mayoritario del Congreso, el PP, y sin renegociar el reparto entre los diferentes niveles de la Administración de los objetivos de déficit para los próximos tres años con comunidades autónomas y corporaciones locales, como también se les exige desde el principal partido de la oposición.

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Bruno Pérez

Se amparan en un todavía desconocido informe de la Abogacía del Estado que le permitiría al Gobierno activar la tramitación de los Presupuestos de 2024 pese a no contar con el respaldo, aparentemente preceptivo a la luz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de las dos cámaras del Parlamento y sobre la base de los objetivos de déficit presentados en la actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril, con el argumento de que ya contarían con el visto bueno de las autoridades europeas.

El apaño, que trata de resolver una situación nunca antes vivida en los más de diez años de vigencia de la nueva normativa española de estabilidad presupuestaria, elude la ley, a juicio del PP, que este jueves ha vuelto a acusar a Montero de reservarse 40.000 millones de euros de déficit «para su descontrol presupuestario y para atender las demandas de sus socios de legislatura». «Le dan igual los objetivos de déficit y los procedimientos previstos en la ley», le ha espetado a la vicepresidenta primera el diputado popular José Vicente Marí. «Solo le interesa el regate corto y cumplir lo que le piden sus socios sin atender al interés general».

La ministra de Hacienda, por su parte, volvió a recordar que rechazando los objetivos de déficit el Grupo Popular perjudica a los gobiernos autonómicos y municipales, que gobierna en un porcentaje muy mayoritario, ya que le resta dos décimas de margen de déficit a los ayuntamientos y una décima a las comunidades autónomas. «Prefieren seguir poniendo palos en el Gobierno a este Gobierno que proporcionar más margen de gasto público a las autonomías y municipios donde gobiernan para atender a los servicios públicos», ha asegurado.

El techo de gasto presentado por el Gobierno es de 199.120 millones de euros, un 0,5% más alto que el año pasado, pero limpio de los fondos europeos asciende a 189.215 millones, un 9,3% que en el 2023.