Seguridad Social se abre a ablandar los requisitos para recuperar los años sin cotizar como becario
El Gobierno recoge el guante de los agentes sociales para revisar la orden que incluye las condiciones de para la suscripción de convenios especiales
UGT y CC.OO. reclaman que se puedan convalidar hasta siete años de prácticas, respecto a los cinco fijados
El marco aprobado obliga a abonar el equivalente a la base mínima de cotización mensual de 2024 por cada mes de recuperación
Tras las quejas elevadas por las asociaciones y colegios profesionales tras la publicación el pasado 1 de mayo de la orden ministerial que regula el convenio especial para la recuperación de los años de prácticas realizadas con anterioridad a 2011, cuando ni las remuneradas ni las que no lo eran se contabilizaban en el historial de aportaciones del alumno, el Ministerio de Seguridad Social se abre a introducir modificaciones para evitar situaciones contraproducentes que vienen denunciando quienes están afectados por esta medida. La problemática que ahora el Gobierno se abre a modificar, previa negociación con patronal y sindicatos, parte de la dureza de algunos de los requisitos para poder suscribir este convenio como el coste de la convalidación por cada mes de prácticas o el número de meses que se permite 'rescatar' en su conjunto.
Ahora, el Gobierno recoge las quejas sobre una cuestión que además de estar desvirtuada en el aspecto económico, también cuenta con un componente de discriminación, tal y como advierten los representantes de UGT y CC.OO. en la mesa de negociación, recordando que uno de los aspectos que recoge el nuevo régimen de cotización por las prácticas no remuneradas de los becarios está bonificada al 95% por la Seguridad Social. De modo que alumnos que ahora no cobran en sus prácticas están cotizando gracias a la cobertura del sistema público, pero este mismo organismo exige en este momento mayúsculas cuantías para quienes quieran recuperar las prácticas anteriores a 2011.
Además, tras la queja que el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, hizo suya en la última reunión mantenida con los representantes sindicales y también de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, el Gobierno podría estar abierto a abrir la mano con el periodo máximo de años a recuperar, fijado en un primer momento en dos años pero que se amplió en la negociación mantenida sobre la materia en 2021 hasta cinco años, y que ahora desde UGT y CC.OO. exigen se pueda ampliar hasta siete años.
En concreto, la orden publicada a principio de mes y que entraría en vigor en los términos actuales a partir del 1 de junio insta a pagar las cuotas de cotización para la contingencia jubilación tanto de la empresa como de la persona trabajadora y para calcular la cuota se considera como base de cotización la vigente en 2024, en lugar de las bases correspondientes a cada año que se quiere recuperar, aumentando en gran medida las cuotas a pagar.
En términos prácticos, esto supondría que una persona que cobraba una beca de unos 600 euros al mes hace dos décadas, tendrá que pagar 290 euros al mes, aproximadamente la mitad (el 48%), de la ayuda recibida entonces, según calculan las asociaciones, al tiempo que recuerdan que la cuota que aporta una persona trabajadora con un contrato laboral como cuota de cotización es el 4,7% del salario (diez veces menos de lo que se pide en este convenio especial).
«La imposición de esta cuota exagerada por parte del Ministerio es también un agravio comparativo con las cuotas de cotización de prácticas no laborales en 2024, que están en torno a 64 euros al mes, de los cuales el estudiante abona menos de 11 euros solo si recibe remuneración. Además, sobre estas cantidades se bonifica el 95%, por lo que las empresas, y los becarios remunerados, pagan solo poco más de 3 euros al mes. Por tanto, las cuotas reales de esas prácticas son 90 veces menos que las que se obliga a pagar a los antiguos becarios de investigación», explican las asociaciones profesionales (SEICA, ANIH, SEBBM y la SENC) que han puesto el grito en el cielo y con las que se reunirá la ministra Elma Saiz para tantear una posible solución.
Antes del 1 de junio
Con todo, el Gobierno y los agentes sociales han decidido remangarse y posponer el resto de materias que se estaba arbitrando en la mesa de Seguridad Social relativas al algunos detalles del sistema público de pensiones y el convenio de colaboración asistencial con las mutuas para los procesos de incapacidad temporal de carácter traumatológico. Así, tratarán primeramente de buscar un arreglo a la situación de los becarios que quieren recuperar parte de sus años de prácticas antes de dar salida al resto de materias. Teniendo en cuenta que la orden ministerial para suscribir estos convenios con las Seguridad Social entra en vigor el 1 de junio, apenas restarían dos semanas para modificar la orden tal y como ahora platea también el Gobierno.
«Hemos tenido una nueva reunión en la que, de forma espontánea, se ha puesto encima de la mesa el asunto de la orden que regula el convenio especial para el rescate de periodos de prácticas, que se publicó el 1 de mayo», señalaba el secretario de Estado Borja Suárez tras la reunión prevista en un primer momento para evaluar los avances sobre el contrato de relevo, jubilación activa, convenio de colaboración con las mutuas, y marco para el retiro anticipado de las profesiones de riesgo.
«A partir de las manifestaciones que los propios sindicatos y la propia patronal han hecho durante este tiempo, aparte de otros colectivos, nos ha parecido oportuno abordar este asunto y escuchar qué es lo que tenían que decir, y cuáles eran los aspectos que digamos no resultan satisfactorios en la concreción de algo que, insisto, viene determinado, no es más que un desarrollo reglamentario de una medida que procede del diálogo social», señalaba el responsable de Seguridad Social.
Ampliación a siete años
Desde CC.OO. proponen explican que la cobertura del nuevo convenio especial para recuperar periodos de prácticas no laborales debe extenderse a cinco años completos, sin integrar en este plazo los periodos que ya se hayan podido cotizar mediante el convenio que se reguló en 2011, entre otras razones, por «el retraso que se ha producido por decisión de la administración de Seguridad Social en la entrada en vigor de la obligación de cotización para las empresas y centros educativos de las prácticas formativas no remuneradas».
Pese a que el acuerdo para extender el derecho a su cotización se produjo en julio de 2021, no ha sido hasta enero de 2024 cuando ha entrado en vigor. Para CC.OO., la recuperación de cinco años completos con este nuevo convenio especial, adicional al periodo de dos años que preveía el convenio de 2011, garantiza la plena cobertura para la práctica totalidad de prácticas formativas no laborales que se hayan podido producir en el tiempo.
Además, «facilitaría el reconocimiento de una parte relevante de las carreras de cotización que han tenido los colectivos de personal investigador que hasta hace poco sufrían una grave precariedad y que acumulan, en los casos más extremos, hasta 14 años de laguna de cotización de periodos dedicados a la investigación en los que no existía la obligación de cotización para las instituciones para las que prestaba servicio».
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