Vuelco del mapa laboral
Sánchez teje una tupida maraña de subsidios y permisos a golpe de BOE
El laberinto de ayudas sociales se ha multiplicado desde 2018 y su dispersión hace que sea misión imposible descifrar el sudoku que han alimentado comunidades y ayuntamientos
Yolanda Díaz recortará la jornada laboral «con carácter inmediato»
El curso del SEPE que te entrega 600 euros por realizarlo y que puedes hacer en paro o trabajando
El coste de las ayudas con cargo a la Seguridad Social crece un 103% en el último lustro: más de 24.000 millones al año
![Dos padres llevando a sus bebés en el carrito por el parque de El Retiro (Madrid)](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/economia/2024/06/10/padres-bebes-Rbq4WssFfbG1vA6buMWtHmL-1200x840@diario_abc.jpg)
Permiso de hasta tres días por menstruación o reglas dolorosas, permiso especial de fuerza mayor de cuatro días al año para cuidar de familiares, ampliación a cinco días de las ausencias por enfermedad, paga de cien euros para familias con hijos de hasta tres años, ... mejoras del PER y nuevos subsidios de paro... El Gobierno ha tejido una maraña de ayudas públicas difíciles de descifrar que han cambiado el mapa laboral a golpe de BOE con una docena de nuevos permisos y cerca de una decena de subsidios y de prestaciones sociales. Este nuevo escenario ha contribuido a elevar el gasto de la Seguridad Social en un 103% desde que Sánchez llegó a La Moncloa, por encima de los 24.000 millones anuales, en un momento, además, muy delicado para el sistema, endeudado y falto de recursos para pagar la millonaria factura de las pensiones.
La tupida red de ayudas y la complejidad con la que se están modificando las reglas laborales hacen que sea misión imposible descifrar el sudoku de protección pública que existe en España. A la complejidad de este enjambre se suma la participación en la gestión, diseño, capacidad normativa y financiación de distintos niveles de la administración. Las prestaciones de la Administración General de Estado cuentan con la implicación de instituciones diferentes, como el SEPE, el INSS y el Imserso. Y hay que añadir las normas puestas en marcha en autonomías y ayuntamientos, otro lío burocrático con ayudas a familias, prestaciones y salarios sociales para parados y jóvenes. Un barullo que adolece de falta de control necesario para identificar duplicidades y garantizar un reparto equitativo, situación que llegó a dar pie a un 'turismo de prestaciones' que provocó que algunos parados cambiaran de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva cerca de una treintena de modificaciones laborales, gran parte a espaldas del diálogo social. El 'modus operandi' de los últimos cambios ha consistido en realizar una lluvia fina de 'enmiendas' al Estatuto de los Trabajadores, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del 'solo sí es sí', la ley Trans o la Ley de Familias.
Esta última norma incluyó una batería de permisos, como el retribuido de cinco días anuales para cuidar familiares en caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave, o intervención quirúrgica (hasta 2º grado o conviviente); el permiso no retribuido de ocho semanas hasta que el menor de edad cumpla ocho años (que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua), y el permiso retribuido de cuatro días al año para atender a familiares que requieran atención. En su caso, la ley del aborto reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal.
Un enredo normativo
Permisos, ayudas y subsidios se han multiplicado desde 2018. Estas son algunas de ellas
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Permiso parental: ocho semanas para el cuidado de un hijo hasta los ocho años.
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Hijos mayores de 12 años: se garantiza la adaptación de jornada para cuidar a hijos de cualquier edad y familiares directos. También para los empleados públicos.
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Maternidad y paternidad: la baja pasará de 16 a 20 semanas.
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Renta de crianza: 100 euros mensuales para las familias con hijos de 0 a 3 años.
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Lactancia: se mantiene una hora al día de permiso hasta nueve meses tras el nacimiento del hijo; la novedad es que se puede acumular en días completos sin que lo recoja el convenio.
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Fuerza mayor: cuatro días al año por motivos laborales urgentes de ausencia al trabajo.
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Enfermedad: este permiso ha pasado de dos a cinco días.
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Parejas de hecho: garantizan 15 días como por matrimonio.
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Menstruación: baja por menstruación o regla dolorosa, cuya duración determinará el médico.
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Ingreso mínimo vital: garantiza una renta mínima universal para las familias con ingresos bajos (entre 6.000 y 13.000 euros anules según las cargas).
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Subsidio por desempleo: se da entrada a cuatro nuevos colectivos (400.000 beneficiarios más) y con una cuantía mejorada de 570 euros mensuales.
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Alimentos: incremento hasta 500 euros al mes del fondo de garantía de alimentos.
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Protección familiar: se facilita el reconocimiento para las familias numerosas, con migrantes, con personas con discapacidad y parejas de hecho.
Pero además, esta norma reguló una serie de prestaciones nuevas como los cien euros por cuidado de hijos de cero a tres años o el fondo de garantía de alimentos, para el que se amplió el umbral de acceso y se quintuplicó su cuantía pasando de 100 a 500 euros mensuales. También se aprobaron mejoras en la protección de las familias numerosas, para las familias de migrantes, para familias con personas con discapacidad bajo cuidado y para parejas de hecho.
Todo este ramillete de medidas -sólo 10 incorporadas en la Ley de Familias- forma una parte de la prolija producción del Ejecutivo desde 2018. Entre las últimas incorporaciones está la ampliación de la red del subsidio por desempleo, que ahora disfrutarán 1,2 millones de personas desde las 800.000 personas que había antes de que se hubieran incorporado a los menores d e 45 años sin cargas familiares, al personal eventual agrario, a las víctimas de violencia de género o sexual y a trabajadores transfronterizos -con un incremento de la cuantía hasta 570 euros-.
El fiasco del IMV
Pero esta labor de aquilatamiento del entramado de ayudas y subsidios se produce desde hace más de un lustro. Cabe recordar que una de las primeras medidas adoptadas por Seguridad Social fue recuperar el subsidio para mayores de 52 años -incluyendo la sobrecotización del 125%-. Y sólo dos años después, con una pandemia de por medio, el Ejecutivo articuló la medida estrella de la Seguridad Social, el ingreso mínimo vital (IMV), que hoy sigue sin cumplir los objetivos con los que fue diseñado, en parte por los complejos requisitos que se exigen para percibirlo. Pensado para que llegara a más de 800.000 familias se ha quedado en 600.000 hogares.
Sin embargo, el IMV sólo fue la guinda de todo un artefacto asistencial para el sostenimiento de rentas también de trabajadores y empresas con la flexibilización de los ERTE -o para autónomos con el cese extraordinario de actividad-. De aquellas medidas algunas permanecen, como la prestación especial por paro de las personas dedicadas a las actividades artísticas.
Y la maquinaria de la cobertura asistencial está lejos de echar el freno. Ahora, el Ministerio de Derechos Sociales plantea ampliar la Ley de Familias para incorporar una ayuda para crianza universal de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años, ampliar los permisos por nacimiento, de 16 a 20 semanas, y retribuir cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados.
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