El salario mínimo pagará el IRPF y se le devolverá en la declaración del próximo año
El pacto 'in extremis' de Díaz y Montero para que al final no tribute se ciñe a 2025
Yolanda Díaz quiere subir el SMI de forma automática cada año a partir de ahora
Tras el acuerdo al que han llegado las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz para que los trabajadores que cobran el nuevo salario mínimo (SMI) no paguen el Impuesto de la Renta (IRPF), los perceptores de este sueldo que se podían ver impactados en su tributación tendrán que esperar hasta la próxima campaña de la Renta (la que se presenta en la primavera de 2026) para aplicar la deducción acordada que les exime de tributar.
La medida pactada entre las ministras de Hacienda y Trabajo supone la puesta en marcha de una deducción de la cuota que le corresponde a cada contribuyente. Este tipo de beneficios fiscales se aplican una vez concluido el ejercicio correspondiente en la liquidación de la Renta y no a través de las retenciones a cuenta en la nómina que percibe el trabajador. Un 20% de ese colectivo seguirá cobrando un SMI mermado por el impuesto durante los próximos meses, a la espera de que se les devuelvan esos 300 euros en la declaración que presenten el próximo año.
Montero aclaraba ayer mismo, pocos minutos después de conocerse el acuerdo con Díaz, que «de lo que se ha tratado es de que ese 20% de trabajadores que cobran el SMI no tenga que tributar a partir de una deducción que se aplicará en el propio IRPF para compensar lo que tendrían que haber abonado frente a lo que se les da para compensar ese abono». Para materializar esta vía, PSOE y Sumar deberán presentar una proposición de ley que incluya esta nueva deducción de la Renta. Será en las próximas semanas y necesitará, por tanto, el aval del Congreso de los Diputados para sacar la iniciativa adelante. Fuentes gubernamentales no dudan de que la medida tenga el aval parlamentario al contar con los apoyos de la mayor parte de, al menos, los socios de investidura.
Montero ha tenido que acabar cediendo para que los trabajadores que cobran este sueldo –más de 2,5 millones de españoles– no paguen el IRPF, como era su intención. Pero Díaz también ha tenido que dejarse una parte de sus reivindicaciones: la de que esta medida tributaria se extendiera más allá de 2025, de cara a las nuevas alzas del SMI que previsiblemente aprobará el Gobierno los próximos años.
Para Díaz era clave que los trabajadores que cobran el salario mínimo no paguen el IRPF porque una de sus medidas estrella se vendría abajo: de cobrar 50 euros más al mes, como establece el SMI de este año, una parte de sus perceptores pagaría 22 euros al mes al fisco.
Las estimaciones del propio comité de expertos encomendado por Díaz para que propusieran una banda de alzas para el SMI ya anticipaba que, en caso de que tuvieran que tributar por el alza de hasta 50 euros al mes, serían aproximadamente unos 500.000 los perceptores los que efectivamente verían su subida mermada en casi la mitad del dinero estimado. Son, en realidad, contribuyentes que están solteros o no tienen hijos. Unas circunstancias personales y familiares que obligarían a aplicar el IRPF en su tipo marginal por esta subida, con la sangría de esos 300 euros al año. El resto de beneficiarios, sin embargo, no notará ninguna reducción en sus nóminas al tener unas condiciones familiares que mitigan ese impacto fiscal.
Para ese colectivo, Sumar había puesto en marcha una proposición de ley en la que instaba a elevar los mínimos personales del IRPF después de que Hacienda se empeñara en que ya había llegado el momento de que tuvieran que tributar tras un ascenso del SMI del 60% en seis años.
Las futuras subidas
El choque entre Díaz y Montero se llevó este viernes hasta el límite. Las negociaciones entre sus técnicos se rompieron el jueves a última hora de la noche. Este viernes a primera hora la ministra de Trabajo criticaba a la de Hacienda por «parecer que no quiera que el salario mínimo suba más». Y en pocos minutos, se anunciaba el acuerdo final: una deducción que permite a Yolanda Díaz defender que los contribuyentes no tributen en el IRPF; a cambio de que, como quiere María Jesús Montero, solo se aplique este año.
De esta forma, el Ministerio de Hacienda evita comprometer la recaudación de los próximos ejercicios, aunque el Gobierno siga incrementando el salario mínimo. Para este año, supone un coste de unos 200 millones de euros. Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo alcanzado es «una chapuza» y ha recalcado que la propuesta presentada por su partido en el Congreso para adaptar el SMI «no limitaba la exención a 2025» sino a más años vista.
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