La renuncia del Gobierno a los Presupuestos abre un agujero de 10.000 millones a las autonomías

La renuncia del Gobierno a presentar un proyecto de Presupuestos para 2024 «ante el cambio en el escenario político» abre varias vías de agua al normal funcionamiento de las administraciones públicas, entre las que una de las más relevantes, por su magnitud y por su impacto, es la no actualización de las entregas a cuenta que reciben los gobiernos autonómicos del sistema de financiación, una suspensión que deja en el aire alrededor de 10.000 millones de euros de ingresos que los ejecutivos autonómicos ya habían incluido en sus respectivos proyectos presupuestarios.

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«Ya lo vivimos en 2019 y es una situación que nos preocupa», admiten desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. En aquella ocasión, el Gobierno no acometió la actualización de las entregas a cuenta hasta el mes de noviembre, lo que provocó tensiones de tesorería en algunas comunidades autónomas, privadas de una de sus principales fuentes de ingresos extra. «Nosotros no tenemos problemas de tesorería, pero la no actualización de las entregas en cuenta nos cuesta 150 millones de euros al mes. Ya vamos por 450».

En Andalucía se juegan 1.800 millones; en Cataluña, una cifra similar; Madrid perdería alrededor de 1.400 millones; y en la Comunidad Valenciana calculan un deterioro de cerca de 1.000 millones de euros. No es poca cosa.

Tal vez por ello desde el Ministerio de Hacienda se apresuraron ayer a adelantar que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas se actualizarán de una forma u otra en el transcurso del año aunque no haya presupuestos aprobados. Ya se hizo en 2019, aunque en aquella ocasión las entregas a cuenta se actualizaron según la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios prevista en el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno, que luego no superó el trámite parlamentario; y en 2020, sin base presupuestaria alguna, cuando Hacienda impulsó un acuerdo de Consejo de Ministros para actualizar esas entregas a cuenta un 5% a la espera de la aprobación de los presupuestos, que nunca se produjo por la pandemia.

«En realidad quedan ya pocas cosas que no se pueden hacer gestionando con presupuestos prorrogados», reconoce un alto funcionario del Estado, con una larga trayectoria en el Ministerio de Hacienda. Advierte de que el encadenamiento de prórrogas presupuestarias en los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 y la necesidad de gestionar con un presupuesto obsoleto han servido para desarrollar toda una base jurídica que habilita al Gobierno a hacer casi cualquier cosa con unas cuentas antiguas. Ahí están los más de 76.000 millones de euros en que se amplío y modificó el Presupuesto prorrogado de 2018 el año en que hubo que hacer frente a la pandemia.

La posibilidad de hacerlo no quiere decir que sea sencillo. Renunciar al proyecto de Presupuestos implica que todas las políticas e inversiones de nuevo cuño que se quieran poner en marcha tendrán que someterse al Parlamento y por tanto exponerse a la posibilidad de no aglutinar la mayoría parlamentaria suficiente para salir adelante.

Varios altos funcionarios que han tenido responsabilidades en el Ministerio de Hacienda coinciden en que lo más normal sería que el Gobierno metiera en una especie de real decreto ley ómnibus las medidas más importantes que ya había pactado con el bloque parlamentario que lo apoya en el marco de la negociación presupuestaria y para el resto operar con el presupuesto prorrogado, a golpe de transferencias de crédito, ampliaciones de crédito y la utilización del fondo de contingencia, para gastos imprevistos.

Así se hará con los fondos europeos, según reveló ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Aclaró que la falta de Presupuestos no será un freno ni para la ejecución de los fondos prevista en 2024 ni para el despliegue de las inversiones previstas en la adenda, ya que el decreto de prórroga presupuestaria ya previó la posibilidad de mover esos recursos de un ministerio a otro sin ningún problema.

Las autoridades europeas reconocieron ayer que ese mensaje del ministro resultó tranquilizador en un contexto en el que consideran que no se puede levantar el pie en la ejecución de los fondos Next Generation.

Las fuentes consultadas aseguran también que la prórroga presupuestaria facilita el cumplimiento del objetivo de déficit, ya que hará que aplique el techo de gasto de 2023 un 8,9% más bajo y además cualquier gasto no previsto requerirá de la autorización previa de Hacienda.