La reforma de la ley del Suelo vuelve a quedarse en el limbo y desespera al sector inmobiliario

Han sido los promotores los primeros en reaccionar al retroceso del PSOE. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España APCEspaña, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha recordado que el sector lleva muchos años reclamando, «con una necesidad imperiosa», una reforma que dé seguridad jurídica al urbanismo español, «y que, además, atañe a uno de los principales problemas que tenemos como sociedad: la falta de acceso a la vivienda». En este sentido, Gómez -Pintado ha apuntado a que una vez analizada la ley por los profesionales que componen las comisiones de vivienda y urbanismo de la asociación, «entendemos que cumple los requisitos para dar esa seguridad jurídica que se necesita».

El representante de los promotores ha asegurado que seguirá «insistiendo» desde la asociación en la necesidad de un pacto para que la ley se apruebe y ha afirmado que, ante la posibilidad manifiesta de que fuese rechazada hoy por el Congreso, le parece conveniente esta retirada «para dar oportunidad a la negociación».

Con el mismo tono se han expresado los promotores madrileños. Desde la asociación Asprima consideran que la retirada de la Ley del Suelo es una «pésima noticia para la sociedad», ya que la modificación que plantea dicha ley permitiría acortar tiempos y dar seguridad jurídica al urbanismo flexibilizando, la puesta en cargo de suelo, «materia prima necesaria para aumentar la producción de vivienda tan necesaria para mejorar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y asequible». Por lo que piden al PSOE y PP «altura de miras y consenso» para iniciar un nuevo periodo de negociación «para que esta ley se apruebe en el menor tiempo posible».

«La única forma de solucionar el problema de acceso a la vivienda es duplicar o incluso triplicar la producción actual de vivienda, para lo que es imprescindible poner en marcha cambios normativos posibilistas que flexibilicen la generación de suelo finalista, lo que refleja esta ley», inciden desde la asociación.

Junto al sector promotor, la construcción también encuentra «imprescindible» retomar las negociaciones. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, cree que la coyuntura «puede obligar a retrotraer un proceso de liberalización del suelo a un momento previo muy anterior, un retroceso de muchos años», ha advertido el representante empresarial, que ha lamentado que esta marcha atrás se deba a la aritmética parlamentaria.

También los tasadores creen que es conveniente contar con una Ley del Suelo a corto plazo. «Agilizara los plazos de desarrollo de las diversas figuras de planeamiento urbanístico, al efecto de acortar sustancialmente el tiempo necesario para dotar al mercado de mayor oferta de suelo finalista apto para ser edificado», explica el presidente del grupo Tecnitasa, José María Basañez. «Esto incentivaría la promoción de mayor volumen de vivienda en general, y singularmente de vivienda social, beneficiando así a todos los ciudadanos y especialmente a los jóvenes y aquellos de rentas más bajas, dada la dificultad actual existente para estos colectivos en el acceso a la vivienda, pilar básico del estado de bienestar», añade el tasador.

El PSOE -propulsor de la reforma- aprobó el proyecto de ley en Consejo de Ministros a finales de marzo a sabiendas de que se aventuraba por la oposición de sus socios de coalición de Sumar y ante la incierta falta de apoyos del resto de partidos políticos, y en especial del PP, al que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado hoy de primar sus intereses electoralistas a una demanda de ayuntamientos y comunidades autónomas. Los populares, sin embargo, aún no habían desvelado su postura para la votación.

Lo que sí es cierto, es que promotoras y consistorios, los principales afectados por la circunstancia, llevan años clamando para que se apruebe una reforma que se frue al traste por primera vez en 2018, cuando la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy -con Iñigo de la Serna como ministro del ramo- decayó en su tramitación parlamentaria por la moción de censura que supuso el cambio de poderes al PSOE de Pedro Sánchez. Desde entonces, las presiones para hacer retornar el texto a la Cámara Baja desde ambos lados no han cesado.

Ambas reformas, la del PSOE ahora y la del PP en 2018, tenían el mismo objetivo: el de dotar de seguridad jurídica a los ayuntamientos para poder sacar adelante los planes generales de ordenación urbana, que son los que permiten distinguir los suelos existentes en un mismo municipio, y así aligerar la burocracia en la construcción de vivienda tanto privada como pública.

La modificación de la ley del Suelo aspiraba a subsanar uno de los mayores incovenientes para la tramitación de los planes urbanísticos, al impedir que si los recursos parciales presentados contra los planeamientos prosperan, estos puedan caer en su totalidad y tener que volver a la casilla de salida. APCEspaña calcula que alrededor de un centenar de municipios tienen actualmente sus planes generales de ordenación urbana paralizados por esta problemática.

Sin embargo, la modificación propuesta por el PSOE no ha tenido buena acogida entre los consistorios. «Creemos que se queda corta y que no es una ley que vaya a resolver los problemas que tenemos los ayuntamientos», subraya la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo. La también alcaldesa de Jerez de la Frontera dice que el Gobierno se ha saltado el trámite de escuchar a los consistorios en su elaboración. «No han convocado ni siquiera a la comisión Nacional de administración local», sentencia.