Redeia vende Hispasat cinco años después por 208 millones menos

El movimiento vuelve a tener los mismos tintos políticos que tuvo en 2019, con el agravante de que el Gobierno tiene una participación mayoritaria tanto en Redeia como Indra. Por este motivo ha tenido que contratar a un asesor independiente para garantizar que la operación ha transcurrido por los cauces legales, pese a la minusvalía que ha terminado aflorando.

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Raúl Masa

En concreto, Redeia ha contratado a ING para que emita una opinión ('Fairness Opinion' —análisis financiero que se hace para ver si está acorde al mercado—) sobre la razonabilidad, desde un punto de vista financiero, de la contraprestación ofrecida por Hispasat. En la evaluación realizada por la entidad financiera se concluye que la cantidad acordada «es razonable desde un punto de vista financiero».

El gestor de la red eléctrica ha tenido que activar el 'Protocolo de Operaciones Vinculadas' debido a los intereses cruzados que existen con el máximo accionista de Indra, que es el mismo que en Redeia. Para ello se ha tenido que realizar un informe «conforme a la normativa aplicable, a los 'Criterios Interpretativos CNMV', al interés social y con transparencia y equidad».

Pero no ha sido la única alerta que ha saltado en el proceso. También se ha tenido que dejar claro que Indra es una sociedad participada de forma directa en un 28% por la SEPI, que a su vez es accionista titular del 20% del capital social de Redeia, y esto ha supuesto mirar al consejo. En este sentido, dado que la consejera y miembro de la Comisión de Auditoría, Mercedes Real Rodrigálvarez, representa en su condición de consejera dominical al accionista SEPI en Redeia, se ha abstenido de participar en la deliberación y votación del acuerdo correspondiente.

Pese a todo, la operación arroja —de nuevo— un importante aroma político. Según explican desde Redeia, esta venta tiene un sentido estratégico para que la compañía, a través de Red Eléctrica, se centre precisamente en la gestión de las redes. Sin embargo, cabe preguntarse por qué se compró la compañía de satélites en 2019.

Todos los controles de transparencia que se han activado no son obstáculo para interpretar el oportunismo de la operación en un momento donde Indra —y el Gobierno— quieren montar un campeón nacional con materias de defensa y comunicaciones entrelazadas.

En su momento, también fue clave que el Ejecutivo se hiciera con Hispasat, en ese momento en manos de Abertis. Control fronterizo, operaciones militares, cartografía de alta resolución, inteligencia… estas cuestiones de Estado, de máxima sensibilidad, quedaban expuestas a un proceso público de venta. Por eso, el Gobierno no dudó en activar a Red Eléctrica para acoplar estos activos.

El entonces presidente del grupo, Jordi Sevilla, aseguró que cualquier decisión quedaba en manos del Gobierno, como finalmente fue. Sin embargo, diversos analistas, en ese momento, ponían en cuarentena la operación. Existía un miedo sobre que los negocios regulados de la compañía pudieran contaminar a nivel financiero la adquisición de Hispasat y el posterior resultado.

Aunque todo eso dio lo mismo. Se ejecutó una operación que, también en 2019, tuvo una guerra por el valor de la compañía. Fuentes del sector de las telecomunicaciones consultadas por ABC estiman que el precio pagado, pese a la minusvalía, es acorde al rendimiento financiero. Aunque de nuevo vuelve a ponerse en tela de juicio si este movimiento tiene más implicaciones políticas que empresariales.