El PSOE lleva al Congreso una propuesta de pasarela al RETA para mutualistas que rebaja un año el requisito de actividad

Este viernes, el PSOE llevó al Congreso una proposición de ley con ligeras cesiones, que abrirían la puerta de la Seguridad Social a un mayor número de mutualistas alternativos -los que cotizan a su entidad de previsión social complementaria en lugar de al sistema público sujetando sus rentas de retiro a la capitalización del capital acumulado en la mutualidad- que piden una vía de traslado de los fondos hacia el régimen público de autónomos al tener una expectativa de pensión exigua en el momento de la jubilación. Concretamente, respecto a la propuesta de Seguridad Social plasmada en la malograda enmienda transacciones, el texto del grupo socialista modifica el requisito de actividad, rebajando esta exigencia de enero de 2024 al cierre de 2022.

Por lo que entre los requisitos que habilitarían al mutualista a solicitar el traspaso a la Seguridad Social se recogería el «encontrarse en activo como profesional colegiado en la respectiva mutualidad a fecha 31 de diciembre de 2022», en lugar de a fecha de 1 de enero de 2024.

No obstante, la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso con la que pretende revertir la negativa de los partidos políticos recabada en el primer intento sigue manteniendo otras restricciones fundamentales, que han llevado a las asociaciones de afectados a tildar de «insuficiente» el nuevo planteamiento. Así, se mantiene el coto a la pasarela al RETA a los mutualistas de alta con anterioridad a 2013, el requisito de que no cuenten con 15 años cotizados en algún régimen de la Seguridad Social -que ya da derecho a una pensión de jubilación- y que también la obligación de no tener la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa.

Otra de las concesiones del texto presentado como proposición de ley respecto al de la enmienda transaccional rechazada en una mejora en la ecuación de cambio de los fondos acumulados en la mutualidad a meses de cotización en el RETA. Mientras que el primer texto fijaba un coeficiente corrector de 0,77, la nueva propuesta abre una horquilla partiendo de un mínimo del 0,68 hasta un máximo del 0,87.

«Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, actualizada al IPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia el 0,77 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas y sin que en ningún caso pueda ser inferior al 0,67 ni superior al 0,87», recoge el texto de la enmienda que vehicula la propuesta del Ministerio de Seguridad Social.

También se mantiene respecto a la propuesta inicial del Gobierno que dicha trasferencia «conllevará el encuadramiento obligatorio e irreversible en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos del profesional colegiado para la actividad que determinó esta transferencia».

Con todo, a expensas de comprobar cómo se evalúa la nueva propuesta modificada por parte de los partidos políticos, las asociaciones de afectados ya han rechazado el texto, señalando la insuficiencia del mismo e insistiendo en que la pasarela al RETA para los mutualistas alternativos se articule sin ningún tipo de restricción temporal.

Desde la Asociación Nacional de Afectados de la Mutualidad de la Abogacía (Anama) ven positivo el paso hacia una mayor apertura de la pasarela, si bien consideran que sigue siendo insuficiente. «La redacción de la proposición resulta oscura y puede dar lugar a muchas interpretaciones», señalan en un comunicado emitido después de que el grupo socialista introdujera la proposición de ley en el Congreso.

Apuntan que los requisitos no definen si se veta la pasarela al RETA para aquellos que ya tengan 15 años cotizados en la Seguridad Social o también a quienes puedan llegar a cotizarlos una vez pasen al reta, en función de que su edad se lo permita. Con independencia de esto, Anama considera que la propuesta realizada «resulta claramente insuficiente, ya que el establecimiento de límites temporales para poder acogerse o no a ella supone de facto una discriminación subjetiva dentro del propio colectivo« y subrayan igualmente que la propuesta no da respuesta a la situación en la que se encuentran los compañeros ya jubilados en las mutualidades alternativas.

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid -que ha reivindicado también un pasarela al RETA de máximos- también valora «el esfuerzo legislativo por abordar esta problemática», si bien «considera que la propuesta no ofrece una solución efectiva ni integral al problema».

«En su formulación actual, la medida excluye a colectivos clave, como los abogados pasivos y aquellos mutualistas que optaron por complementar sus aportaciones con otras fórmulas previsionales. Esto genera un escenario de desigualdad que no responde a las necesidades reales de los miles de profesionales afectados», señala en un comunicado al institución.

En este sentido, desde el Colegio de la Abogacía señalan que para tratar de garantizar «que nadie se quede atrás», presentarán enmiendas a esta proposición de ley, «con el objetivo de incluir a todos los colectivos afectados y establecer un marco normativo más justo».

«Instamos a los legisladores a ampliar el alcance de esta propuesta, contando con la participación activa de los Colegios de la Abogacía y otras entidades representativas del sector, para que se diseñe un marco normativo que responda a las demandas y realidades de la profesión», reclama el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón.