El PSOE extremeño se une al PP contra el Gobierno por el cierre de Almaraz

De esta forma se ha creado la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', que organizará una manifestación en defensa de la central el próximo sábado, 18 de enero. Lo más llamativo es que entre los asistentes habrá un nutrido grupo de afiliados y simpatizantes del PSOE, el partido del Gobierno que quiere precisamente acabar con la tecnología nuclear, y que estarán junto a la presidenta popular de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

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Según ha podido conocer ABC en fuentes de la formación roja, el PSOE estará presente en la manifestación convocada, y habrá alcaldes de los municipios de la zona de influencia. Asimismo, también estará la agrupación del PSOE local de Navalmoral de la Mata –la población de mayor número de habitantes de la zona–, y diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Como ha podido saber este medio, si no acuden más militantes socialistas es porque ese fin de semana, del 17 al 19 en Plasencia, el PSOE de Extremadura celebra su '15º Congreso Regional'.

Esta situación no es nueva para el PSOE. Desde que antes de la pandemia se firmase el calendario de cierre, los alcaldes de la comarca, así como los diputados extremeños, se han tenido que enfrentar a la dicotomía de defender los intereses de su región frente a los postulados que se asumen desde el Consejo de Ministros en Madrid encabezado por los socialistas. Ahora esa situación queda más clara puesto que muchos de estos militantes compartirán pasos junto a la líder extremeña del PP en la misma manifestación. Pese a todo no es una situación sencilla, puesto que los dogmas impuestos por el PSOE en materia de energía y medio ambiente han sido muy tajantes en los últimos años.

Las zonas afectadas por el cierre de la central se agarran como un clavo ardiendo a estas acciones de protesta y visibilización que desarrollan a través de 'Sí a Almaraz, sí al futuro'. Se trata de una plataforma ciudadana formada por los habitantes, alcaldes y entidades de los municipios del entorno de la nuclear de Almaraz. Su objetivo es «dar voz a una comarca que se enfrenta a la amenaza de cierre de la central, un proceso que comenzaría en 2025 y concluiría en 2028». Argumentan desde la asociación que «el desmantelamiento de Almaraz tendría consecuencias dramáticas para todo el norte de la provincia de Cáceres, por la pérdida de empleo y oportunidades económicas, acelerando en consecuencia el proceso de despoblación que sufre toda Extremadura».

La plataforma está promovida por Fernando Sánchez, alcalde de Belvis de Monroy y Casas de Belvis; María Eugenia García, gerente de Arjabor (Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Campo Arañuelo y su entorno) y Manuel Carreño, Jefe de Turno de la Central Nuclear.

Lo que no esperaban encontrar, quizá, son tantos apoyos –y de manera pública– en las filas socialistas. Esta misma semana, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asegurado que «nadie» le ha explicado por qué hay que cerrar la central nuclear de Almaraz, por lo que ha anunciado que él también participará en la manifestación.

«Yo no sé por qué se quiere cerrar Almaraz, no tengo ni idea», ha reivindicado el también secretario provincial del PSOE en Cáceres, que ha recordado que se trata de una industria que genera miles de puestos trabajo directos e indirectos en la zona de Campo Arañuelo, donde contribuye a fijar población en el territorio, uno de los pilares en las políticas de la diputación provincial.

La nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por el momento no ha tenido que pronunciarse sobre el asunto nuclear. Parecen dar el asunto por descontado. De hecho, desde el ministerio tienen muy claras cuáles son las directivas. Cuando han presentado recientemente la consulta pública sobre los sistemas de capacidad, para disponer de centrales por si se produce un gran apagón, fuentes ministeriales aseguraron que el sistema eléctrico español trabaja con la proyección de que en 2027 empiece el desmantelamiento de Almaraz y, por tanto, todas las políticas energéticas se hacen con esa previsión.

En cuanto a las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, su postura es unánime pese a que puedan tener diferentes sensibilidades: no pedirán una ampliación de la vida útil de ninguna central mientras el marco impositivo y fiscal no les permita obtener una mayor rentabilidad de este negocio. De esta manera, Gobierno y empresas se tiran el balón al tejado ajeno para responsabilizar el cierre al otro.

En este contexto lo que ahora mismo está en tela de juicio es la capacidad de suministro del sistema eléctrico español. La irrupción de las energías renovables es una realidad. Cada vez hay mayor capacidad instalada, y su producción aumenta cada año. Sin embargo, se trata de una tecnología intermitente que necesita respaldo. El gran argumento nuclear es que se trata de centrales que no tienen emisiones contaminantes, al contrario que los ciclos combinados de gas que, si finalmente todo sigue su curso, será la tecnología que entre en funcionamiento cuando no haya renovables.