La prórroga de los Presupuestos de 2023 deberá ajustarse al objetivo de déficit del 3% acordado con Bruselas

El asunto no supone ninguna incertidumbre jurídica porque tanto la Constitución como la Ley General Presupuestaria dejan claro que en caso de no haber presupuestos aprobados al inicio del ejercicio se prorrogarán automáticamente «los presupuestos iniciales del año anterior», con todos los créditos allí recogidos.

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Y tampoco implica un gran problema operativo, salvo en cuestiones puntuales como la actualización de las entregas a cuenta que deben recibir los gobiernos autonómicos del sistema de financiación, porque la regulación presupuestaria siempre ha permitido margen de maniobra para mover recursos de unas partidas a otras y porque, por si esta no fuera suficiente, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero maniobró en 2019 para remover las restricciones para gastar que aún había en la norma.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurriera en 2019 y sobre todo en 2020, cuando el Gobierno dispuso de manga ancha para estirar el gasto pintado en los Presupuestos, esta vez no solo es que no va a existir ese margen sino que el Ministerio de Hacienda en funciones deberá preocuparse de ajustar partidas de gasto para garantizar que las cuentas prorrogadas responden al objetivo de déficit del 3% que el Gobierno comprometió con Bruselas en su plan presupuestario.

«La prórroga de los presupuestos deberá adaptarse a lo que se disponga en las nuevas reglas fiscales europeas, que está previsto entren en vigor el 1 de enero de 2024, y si estas disponen la realización de un plan de ajuste el Gobierno tendrá que reconfigurar las cuentas para que cumplan sus objetivos o los que se hayan establecido en la senda de consolidación fiscal del país», asegura un interventor del Estado, ahora en excedencia en el sector privado.

La suspensión de las normativas de estabilidad presupuestaria durante la pandemia, que se ha prolongado hasta el año 2023 tanto en el caso europeo como en el español, ha dado un amplio margen a los gobiernos para gastar lo necesario primero para atender las urgencias de la crisis sanitaria y después para amortiguar el impacto de la guerra en Ucrania sobre la inflación. Sin embargo, ese escenario decaerá el próximo 1 de enero y tanto si hay nuevas reglas fiscales como si no las cuentas públicas de los países de la UE deberán ajustarse de nuevo a esos parámetros.

En el caso de España, la reinstauración de la normativa de estabilidad presupuestaria nos va a coger con un desequilibrio de más de 63.000 millones de euros entre los ingresos y los gastos y con un déficit del 4,8% del PIB. El Gobierno mantiene su confianza en que ese desequilibrio caerá al 3,9% este año y por debajo del 3% al final de 2024, pero la Autoridad Fiscal ya ha advertido de que esas aspiraciones serán difíciles de alcanzar tras los 12.000 millones extra de déficit entre más gastos y menos ingresos que estima que el Gobierno ha añadido a las cuentas a posteriori.

Los presupuestos iniciales de 2023 no incluían ni esos cerca de 5.000 millones de gasto extra ni los 7.000 millones de menos ingresos derivados de los paquetes de medidas de alivio aprobados durante el año, pero incluso antes ya preveían un desequilibrio del 3,9%, que Bruselas no está dispuesta a tolerar en 2024.

Bajo esta premisa, los profesionales de la auditoría pública consultados por ABC para la elaboración de este artículo coinciden en señalar que el Gobierno tendrá que recomponer las cuentas de 2023 en la prórroga presupuestaria para cumplir con la normativa de estabilidad, ya que la previsión de ingresos será idéntica.

¿Cómo? La vía más directa son los acuerdos de no disponibilidad de créditos presupuestarios, una figura que se hizo célebre durante los años del gran ajuste fiscal y que hace indisponibles los créditos presupuestarios para impedir su uso.