Los propietarios de pisos turísticos avisan de que la prohibición en Barcelona pone en juego a grandes eventos como el Mobile World Congress

«No estamos ante una reorganización, estamos ante una prohibición y las consecuencias tienen cifras brutales», ha avisado por su parte el abogado especialista en derecho urbanístico de Garrigues, Pablo Molina, quien ha asegurado que eliminar la oferta vivienda de uso turístico (VUT) significaría renunciar al 40% del alojamiento disponible en toda la capital.

Noticia Relacionada

La prohibición de nuevos pisos turísticos en el centro histórico y la zona sur se aprobará el 25 de marzo

Baltasar López

El alcalde explica que está previsto que el estudio que mide la presión de estos alojamientos sobre el parque residencial se realice anualmente

No solo eso. Los diferentes ponentes que han participado en la jornada creen que además supondría terminar con un modelo de regulación y control «pionero» que sirve de ejemplo para otras capitales en la lucha contra la oferta ilegal de apartamento turístico. Según Apartur, desde 2016 se han cerrado alrededor de 10.000 pisos que operaban sin permiso.

«La prohibición es una medida tremendamente drástica, es empobrecedora y no conlleva ningún resultado positivo», ha alertado Molina. «Es una renuncia de la administración pública a gestionar el sector de los pisos turísticos y aprovechar su contribución económica y fiscal en favor de los ciudadanos que, además, hará resurgir de nuevo la oferta ilegal», ha añadido. En este sentido, Molina ha expuesto que la gestión del sector permite garantizar un orden, un control y una calidad a los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad y a las arcas públicas con impuestos que se pueden destinar a fines de interés general como políticas de vivienda. «Sin embargo, la prohibición supone dar un paso atrás, al establecer un modelo empobrecedor desde todas las perspectivas y que no garantiza que esas viviendas vayan a pasar al mercado residencial».

Durante el encuentro también ha vuelto a aflorar un informe elaborado por la consultora PwC en el que se cifra que la actividad de las VUT en la ciudad genera un impacto de 1.900 millones de euros para el PIB de Barcelona, además de 40.000 puestos de trabajo.

 Según el mismo documento, los apartamentos de corta estancia representan el 38% del alojamiento turístico de toda la ciudad, pero son solo el 1,2% del parque total de la vivienda. Un dato con el que buscan desmarcarse de las repetidas acusaciones políticas de que el sector está detrás de la subida de los precios de la vivienda tanto en alquiler como en compra. «Cualquier decisión, para ser eficiente, debe fomentarse en datos y no en percepciones, y el informe de PwC aporta información relevante sobre la contribución de las viviendas de uso turístico de Barcelona y sobre el error que supone plantear su prohibición. Y no lo decimos solo nosotros, el Banco de España recomienda que cualquier medida restrictiva sobre la vivienda de uso no residencial debe tener en cuenta una evaluación global de su impacto», ha dicho el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.

Por el momento, los socios de la asociación que representa a los propietarios de apartamentos turísticos en Barcelona ha presentado reclamaciones patrimoniales a la Generalitat de Cataluña por valor de 4.280 millones de euros que equivalen a las inversiones efectuadas en 7.200 pisos y el retorno económico que obtendrían si continúan con la actividad. La decisión del consistorio barcelonés se ampara en el Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat que permite dejar sin efecto las licencias actuales en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor.