Prohibir los vuelos cortos no saldrá gratis: el Estado tendrá que invertir 1.400 millones para dar una alternativa a los viajeros

Así lo ha deslizado el presidente de Seopan, Julián Núñez, en la presentación del informe de balance de 2023 y perspectivas de 2024 del sector de las infraestructuras, durante la cual ha advertido de que a día de hoy la red no está preparada para abordar semejante restricción regulatoria y que en muchos destinos ni siquiera es viable por la falta de conectividad por otros medios de transporte. Hay que recordar que la propuesta de PSOE y Sumar instaba a restringir las rutas aéreas de duración inferior a dos horas y medio en los casos «en que exista una alternativa ferroviaria».

Noticia Relacionada

El veto a los vuelos cortos se quedará en papel mojado: no afectará a ninguna ruta en España

Antonio Ramírez Cerezo

El Gobierno explorará la restricción de la operativa de los jets privados

Como ya publicó ABC, son pocas las rutas que se podría ver afectadas bajo estos parámetros, aunque sí son relevantes, ya que son las que conectan el 'hub' de Madrid-Barajas con algunas de las principales ciudades españolas. Un informe elaborado por PwC y comisionado por Iberia, detectaba hasta cinco potenciales trayectos donde el veto a los vuelos cortos podría tener incidencia: Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla.

Se trata de rutas que en ambos sentidos movieron en 2022 cerca de 3,5 millones de pasajeros. siendo el más importante el puente aéreo Madrid-Barcelona, que movió 1.716.000 pasajeros. En total, no representan ni el 1% de los 240 millones de viajeros que transitaron el año pasado por los aeropuertos españoles.

El presidente de Seopan también ha planteado la necesidad de reactivar el debate sobre el pago por uso en las vías de alta capacidad, una vez superado el episodio preelectoral que empujó al Gobierno a negociar in extremis con la Comisión Europea la retirada de la medida de la lista de compromisos adquiridos en el marco del Plan de Recuperación. «Sabemos que hay sensibilidad hacia el asunto en los dos grandes partidos porque ambos han planteado esta medida en algún momento», ha subrayado Julián Núñez. «Pero también sabemos que es muy difícil que en el actual clima político se llegue a un acuerdo entre ellos como ya ha ocurrido en otros países como Francia o Portugal, o en el País Vasco, pero al menos sí deberíamos avanzar en el plano técnico en la definición de un modelo», ha argumentado.

La patronal ha vuelto a recordar que el mantenimiento de estas vías de alta capacidad drena cada año más de 2.000 millones de euros de recursos presupuestarios que podrían destinarse a otras políticas y que, además, resultan insuficientes para unas necesidades reales que rondan los 4.000 millones de euros y que España solo invierte en conservación un 37% de lo que invierten la media de los cuatros grandes países europeos: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.