La privatización de las torres de control se choca con el futuro Gobierno Frankenstein

La liberalización de las torres de control era una de las prioridades en la agenda del Ministerio de Transportes desde principios de año -con el visto bueno de Aena-, pero Bildu, ERC y el BNG, con el apoyo de Podemos, lograron bloquear en el Congreso su tramitación. Las tres formaciones se posicionaron del lado de los sindicatos de Enaire, la empresa pública que gestiona el tráfico aéreo de la mayoría de los aeropuertos españoles, y en el mes de marzo consiguieron meter en la nevera la orden ministerial con la que el departamento de Raquel Sánchez pretendía abrir a licitación la gestión del equivalente a un tercio del tráfico aéreo en España. En concreto, de los servicios de control de tráfico aéreo de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalía de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna.

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Antonio Ramírez Cerezo

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En consecuencia, el trámite de la medida llegó tan solo al proceso de alegaciones en el que Transportes recogió las impresiones del sector, entre ellas las de las aerolíneas, que ejercen presión para que la liberalización se lleve a cabo por el ahorro de costes que aseguran les supuso la anterior tanda de licitaciones en 2011. Transportes, en todo caso, justifica la parálisis por la convocatoria de elecciones y la entrada en la etapa de gobierno en funciones. «La coyuntura impide tanto la continuación de los procesos administrativos vinculados a la aprobación de una orden de estas características; además la decisión escapa de las capacidades de dicha etapa centrada en la tramitación de asuntos ordinarios», explican fuentes del departamento de Raquel Sánchez a este periódico. «Hay que esperar a que haya gobierno, que será el que pueda decidir qué ocurre con este proceso», detallan las mismas fuentes.

Por el momento, el asunto de la privatización no ha aparecido en ninguno de los distintos acuerdos a los que el PSOE ha llegado con Sumar y las formaciones secesionitas. Pero nada prevé un cambio de postura entre los socios de Sánchez. Incluso podría encontrar oposición en sus propias filas. En el mes de marzo, el Parlamento de Canarias, en ese momento gobernado por los socialistas, se opuso por unanimidad a la medida, que afectaría a sus tres principales infraestructuras aeroportuarias. También contra este cambio de modelo alegó ante Transportes el entonces gobierno balear comandado por Francina Armengol.

El otro asunto referido a Transportes que quedó en 'standby' es el de la ley de movilidad sostenible, cuyo proyecto de ley quedó a las puertas de debatirse en el Congreso. En el texto aprobado en Consejo de Ministros en diciembre de 2022 figuraba el fin del régimen de exclusividad en las rutas del autobús dependientes del Estado -en este momento cada trayecto tan solo puede ser explotado por una empresa-, así como el nuevo mapa concesional de dichas líneas. Ahora tendrá que volver a ser aprobado como anteproyecto de ley en reunión ministerial para que pueda retornar a la Cámara Baja e iniciar de nuevo todo el trámite parlamentario.

La apertura a la competencia de las líneas estatales del autobús era uno de los principales puntos de división entre las formaciones a la hora de sacar el texto adelante. Durante el trámite de enmiendas, hasta siete formaciones presentaron correcciones a la norma. El principal punto de fricción está en la exigencia a los operadores de determinadas obligaciones para que estos tengan que ofrecer un mínimo de servicios al día y no se deje además de lado a las poblaciones rurales . Algo que los grandes operadores españoles del autobús han denunciado en numerosas ocasiones en base a la experiencia en otros países europeos. En ese barco estaba el PP, que además pidió cambiar la definición de régimen de libre competencia por el de 'no exclusividad', al considerar que se trata de un sector que ya está liberalizado porque cualquier empresa privada puede acceder a las licitaciones. Otros partidos como Unidas Podemos y el ya disuelto PDeCat abogaron directamente por suprimir el artículo 50 en el que está incluida la medida.

La previsión de Transportes es que la ley vuelva a la palestra conforme se establezca el nuevo gobierno, que podría formarse en breve. «La norma estaba a punto de ser aprobada en el Congreso con bastante consenso. Lo normal es que se reactive enseguida y esperamos que sea una tramitación relativamente ágil», señalan a este periódico fuentes del departamento de Raquel Sánchez.