El PP trata de acercarse al campo con rebajas fiscales en el Senado y la promesa de combatir la «hiperregulación» en Bruselas

Para «rescatar» a los agricultores y ganaderos del «infierno fiscal» al que les condena el Gobierno de Sánchez -en palabras de la senadora Alicia García-, hoy el grupo popular en el Senado ha presentado un paquete de reformas fiscales con el que aseguran que el sector se ahorrará 700 millones de euros. La llamada Ley de Fiscalidad Agraria va a quedar en una declaración de intenciones, pues aunque el PP la apruebe con su mayoría en el Senado, una vez esté en la Cámara Baja es muy probable que PSOE y Sumar usen sus diputados en la Mesa del Congreso para bloquearla con objeto de que ni siquiera pase a tramitación, mecanismo que ya han usado con dieciséis normas.

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Aun así, la ley presentada esta mañana tiene el valor de que fija posición en un momento en el que los agricultores amenazan con reeditar las históricas tractoradas del año pasado. Los problemas sobre la mesa son muchos: elevada presión fiscal, burocracia, envejecimiento, precios y la competencia desleal con terceros países.

Precisamente, y entre otras cosas para ahuyentar el espantajo de las tractoradas, el pasado miércoles la Comisión Europea presentó su 'Visión sobre la agricultura y los alimentos', una hoja de ruta para atender las reclamaciones del sector y estudiar cambios legislativos en los próximos meses. El Ejecutivo comunitario se ha propuesto revisar las políticas de importaciones para evitar la competencia desleal, reconsiderar futuras prohibiciones del uso de plaguicidas dentro del espacio comunitario y llevar a cabo reformas concretas -aún no se sabe cuáles- para que los productores no tengan que vender por debajo del precio de coste.

En los últimos días, el líder de los populares también ha tratado de acercarse al campo por ese flanco, el de la regulación europea. Durante una gira que le ha llevado a varias empresas del sector hortofrutícola, Feijóo se ha comprometido a elevar la presión sobre el Ejecutivo comunitario para que afloje la burocracia y la presión normativa. Paralelamente, a lo largo de los próximos meses el PP realizará una auditoría para estudiar cómo «disminuir la hiperreglamentación a la que se somete al sector». Ayer mismo, Feijóo trasladó estas preocupaciones al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Bruselas insiste en que va a atender las reclamaciones del campo, pero lo cierto es que hasta que la Comisión convierta el documento presentado esta semana en medidas concretas, no son más que buenas palabras. A nadie escapa, además, que en los últimos meses buena parte de la cólera de los agricultores ha desaguado en el acuerdo de libre comercio que la UE quiere firmar con los países del bloque Mercosur (Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina). El PP ha tratado de desmarcarse de la visión del Ministerio de Agricultura presentando objeciones al redactado, pero por lo general es favorable al acuerdo, cosa que allana el camino para que Vox se presente como el único partido en la derecha que apoya el discurso de las organizaciones agrarias.

Y en medio de este contexto, la Ley de Fiscalidad Agraria llega al Senado. Entre otras medidas, la norma propone la bajada del IVA del 21% al 10% para la compra de materiales o medios de explotación que vayan a usarse en la producción agraria y la posibilidad de que durante los ejercicios 2025 y 2026 este impuesto pueda deducirse al 100% sobre el exceso de inversión de los tres últimos años (2022-2023 y 2024). También, dejar exentas de tributación las ayudas para compensar las pérdidas por inclemencias climatológicas, la introducción de una deducción del 25% por la contratación de seguros agrarios y el incremento de hasta 3.000 euros (en la actualidad está en 2.000) de la cantidad que se puede atribuir a gastos de difícil justificación para quienes tributen en régimen de estimación directa. Con esto último, se ampliaría el margen de los productores para deducir compras de materiales.

La lista sigue con la ampliación del umbral de ingresos de agricultores y ganaderos para que puedan seguir en el régimen especial de tributación, de forma que se ampliará de los 250.000 euros actuales a los 325.000. Hay que recordar que desde 2016 el límite está fijado en los 250.000 a pesar de que en este tiempo la inflación ha escalado un 27%, lo que ha supuesto un endurecimiento encubierto de los requisitos para beneficiarse de una tributación más beneficiosa. Asimismo, también se propone ampliar de los 150.000 euros actuales a 250.000 el umbral de gasto para acogerse al método de estimación objetiva en el IRPF.

Otra propuesta contenida en la ley es una mayor flexibilización de los tiempos tributarios para que agricultores y ganaderos tributen por la media de los ingresos obtenidos en los tres últimos años, sin necesidad de restringir el período en un solo ejercicio. Según ha explicado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, con esto se compensa el efecto sobre la producción de factores imprevisibles que son muy recurrentes en un sector que depende de la climatología.

Asimismo, el texto incluye mandatos al Consejo de Productividad (Ministerio de Economía) y a la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (Airef) para que lleven a cabo un análisis sobre la burocracia innecesaria, los límites a la competitividad del sector, así como una medición de las políticas públicas en el ámbito del sector agrario.