El PP presiona al Gobierno para que explique el fracaso de su plan contra la pobreza energética

En concreto, el ministerio dirigido por Sara Aagesen ha mantenido abierto a consulta pública —hasta finales de febrero— el nuevo marco temporal de dicha estrategia. Algo que le parece insuficiente al PP. Por eso, la formación azul ha presentado una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno ofrezca los máximos detalles posibles sobre este plan. Así, le insta a que publique de manera inmediata los informes sobre pobreza energética correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023.

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Asimismo, el principal partido de la oposición exige que se presente «en el plazo máximo de seis meses la evaluación de la estrategia ya vencida y la nueva Estrategia de Lucha contra la Pobreza Energética 2025-2030, para su debate y votación de propuestas de recomendaciones, que incluya el desarrollo de ayudas directas para los hogares más afectados y programas ambiciosos de rehabilitación energética que permitan a las familias reducir su consumo y, por ende, sus facturas, aprovechando el Fondo Social Europeo puesto en marcha en 2024».

En esa suma de peticiones, desde el PP estiman que se debería crear una tarifa social energética aplicable a los pequeños consumidores de electricidad, gas natural y GLP canalizado, de manera que suponga una ampliación y mejora del actual bono social eléctrico.

También piden la revisión de diferentes figuras impositivas entre las que destaca, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la generación eléctrica, un tributo de plena actualidad por los intentos de PP y Junts de echar abajo este gravamen.

Los motivos del Gobierno para lanzar una renovación de este plan se deben a que «en el contexto de cambios en las medidas que supuso la adopción del escudo social, se deben iniciar los trabajos para la redacción de una nueva Estrategia para el periodo entre 2025 y 2030 que adapte los mecanismos ya creados al contexto económico, social y un sistema energético cada vez más descarbonizado, y avance en la consecución de la equidad energética, transitando de un contexto de medidas coyunturales y excepcionales al despliegue y consolidación de medidas de tipo estructural sostenibles en el tiempo». Sin embargo, los datos que se utilizan, así como los objetivos que se buscaban, generan dudas sobre el propio plan.

Cuando en 2019 se lanzó este plan, el Gobierno se comprometió a tener datos actualizados cada año en base a los criterios que miden dicha pobreza energética.

Para el análisis de los datos, el Gobierno se basaba —al menos en el plan anterior—, entre otros indicadores, en dos macroencuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). El problema es que estos datos llevan un retraso considerable con respecto a las necesidades de las familias en cada momento concreto. Es decir, durante el primer plan, se ha tardado de media un año en tener datos actualizados, pero que ya estaban desfasados y, por tanto, tienen menos valor.

Sobre la consecución del plan, según la organización Ecodes, «a pesar de que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 estableció 19 medidas, solo un 21% fueron implementadas. Como resultado, 8,6 millones de personas no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares, más del doble que en 2017. Este problema se debe a tres factores principales: el alto precio de la energía, los bajos ingresos y la ineficiencia de las viviendas».