medidas ante la subida del euríbor
El PP plantea una ayuda fiscal para que las rentas de hasta 40.000 euros se ahorren 750 euros de hipoteca
La recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual alcanzaría en principio a 2023 y 2024 y su objetivo sería aliviar el coste extra derivado de la subida del euríbor
Propone facilitar las quitas y las daciones en pago en los casos más extremos, y alargar la vida de las hipotecas para facilitar el pago a las familias que atraviesen problemas transitorios de liquidez
El Partido Popular ha detallado este lunes algo más de la propuesta de recuperar la deducción en el IRPF por inversión en la vivienda habitual - la que se aplica sobre lo que se paga de hipoteca- que adelantó la semana pasada el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y que ha generado un animado debate político. El vicesecretario de Política Económica del PP, Juan Bravo, ha precisado que lo que se propone es una figura temporal, que se aplicaría en principio durante 2023 y 2024 para amortiguar el impacto sobre las economías domésticas de la subida del euríbor, y que permitiría descontarse en la Declaración de la Renta hasta un máximo de 750 euros del coste de la hipoteca a las familias con una renta anual de hasta 40.000 euros.
Los populares pretenden así adelantarse de nuevo al Gobierno con propuestas para abordar una circunstancia que probablemente se va a convertir en un problema social en los próximos meses. El euríbor cerró el pasado mes de octubre en el 2,629% de media mensual y anticipa una subida de hasta el 40% en la cuota mensual de los españoles que poseen una hipoteca a tipo variable vinculada a este índice, que son casi el 70% del total de los hipotecados.
Feijóo avanzó la semana pasada la idea del PP de plantear la recuperación temporal de la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, a la que no pocos estudios académicos culpan de azuzar el gasto en vivienda en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y que desde entonces tiene cierto mal cartel entre los economistas.
Tal vez por ello, el portavoz económico del PP ha enfatizado el carácter temporal que tendría esta ayuda fiscal, que solo se recuperaría para los dos próximos año, en previsión de que la subida del euríbor se estabilice en ese periodo y ya no la haga necesaria. En concreto, la figura que plantea el PP permitiría deducirse hasta el 5% del capital y hasta el 15% de los intereses pagados en la cuota anual de la hipoteca con un límite máximo de 15.000 euros, lo que permitiría un ahorro fiscal de hasta 750 euros.
La medida estaría restringida a los hogares con unos ingresos anuales máximos de 40.000 euros, si bien Juan Bravo ha abierto la puerta a que, en caso de aplicarse, pueda extenderse ese umbral hasta los 60.000 euros, en línea con las rebajas fiscales que se han aprobado en la Comunidad Valenciana o Canarias, pero con un beneficio fiscal decreciente.
Los populares también proponen que los contribuyentes que no tengan obligación de declarar, pero carguen con una hipoteca, tengan la posibilidad de beneficiarse de la medida a través de un impuesto negativo, que el Estado les abonaría para aliviar las cargas extra derivadas del euríbor.
Negociar con la banca para encontrar soluciones
La rehabilitación temporal de la deducción por vivienda en el IRPF no es más que una de las patas de la propuesta del PP para afrontar la crisis hipotecaria. Los populares plantean también reactivar el Código de Buenas Prácticas que se pactó con la banca en el año 2012 y que incentivaba a las entidades financieras a facilitar las reestructuraciones de la deuda hipotecaria a los hogares con problemas transitorios para atender a la cuota mensual, incluyendo la posibilidad de realizar quitas o daciones en pago en los casos más extremos "para que tras la entrega de vivienda no se exigieran más deudas a las familias en problemas", ha argumentando Bravo.
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En este mismo sentido, el PP ha planteado negociar con la banca para facilitar el alargamiento de los plazos de pago de la hipoteca en los casos de hipotecas a tipo variable siempre que no se supere el límite máximo de 35 o 40 años y constituir un fondo entre el Estado y la banca para atender las situaciones más graves.
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