PP, Junts y Vox dan más margen al sector agroalimentario para contratar temporales y esquivar la reforma laboral

Con el aprobado de hoy en el Congreso, el Estatuto de los Trabajadores queda modificado de modo que se puedan «formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada, incluidas las campañas agrícolas», se lee en el texto. La clave está en ese 'incluidas las campañas agrícolas', que específica que sí, las campañas entran en la categoría que justifica el empleo temporal. Esto da al traste con la doctrina de la Reforma Laboral y la lectura que de ella hizo la Inspección de Trabajo, que obligó a los agricultores a hacer fijos discontinuos a los jornaleros, un modelo que, según explicaron a este diario las organizaciones agrarias, ha resultado costoso y muy poco práctico, dada la naturaleza de las cosechas.

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Hasta ahí el contenido es idéntico al que salió del Congreso en diciembre. Sin embargo, una vez en el Senado, el PP introdujo otra enmienda que amplía el tope de este tipo de contratos, de 90 a 120 días, y extiende sus beneficiarios. Si el contexto es una campaña agrícola, podrán acogerse a este tipo de contrato tanto los agricultores como las empresas agroalimentarias.

Es una de las enmiendas que han resultado aprobadas con la Ley del Desperdicio Alimentario, norma que tenía que ser uno de los proyectos estrella del Ministerio de Agricultura pero que ha salido trasquilada del trámite parlamentario.

Poco tiene que ver la legislación laboral con la gestión de los desechos alimentarios, como tampoco lo tiene la caza del lobo al norte del Duero, y hoy se ha aprobado una enmienda del PP que la autoriza. La Ley del Desperdicio, como tantas veces sucede en el parlamentarismo español, ha sido la excusa para llevar a cabo otras reformas a través de la picaresca.

Por supuesto, también ha quedado aprobada la norma de marras, y de un modo muy distinto a cómo la había planteado el ministerio que dirige Luis Planas. Lo más importante es que los bares, restaurantes y empresas agroalimentarias que tengan una superficie de menos de 1.300 m2 quedan eximidos de tener que donar los excedentes de comida (merced a una enmienda transaccional de PP y Junts).

Con mucha polémica, solo han quedado fuera de la norma una decena de enmiendas, incluyendo una del PP para bajar el IVA de determinados alimentos y otra de Junts y ERC para prorrogar la vida de plantas de purines para que puedan seguir cobrando ayudas. Esto último ha sido motivo de griterío, golpes y acusaciones por parte del principal partido de la oposición esta mañana en la Cámara Baja, que asegura que la Mesa del Congreso -y sus diputados socialistas- ha prevaricado.