El PP hará una auditoría en profundidad del gasto público si gobierna tras las elecciones del 23J
Ordenará una revisión integral de los capítulos presupuestarios en los primeros 100 días de gobierno con el objetivo de lanzar un plan para poner en orden las cuentas públicas
Sospecha que los años de gestión de Sánchez han disparado las ineficiencias y los gastos superfluos
La Airef acusa al Gobierno de no tener estrategia fiscal y advierte de que la deuda puede dispararse hasta el 140%
Una auditoría en profundidad de los gastos del Estado como nunca antes se ha llevado a cabo en España, a realizar en los primeros 100 días de gobierno y como base para un plan fiscal a cuatro años orientado a conducir las cuentas ... públicas hacia un entorno de sostenibilidad como Bruselas, los organismos internacionales, la Autoridad Fiscal y los inversores le llevan exigiendo al Gobierno desde hace meses.
Esa será una de las primeras medidas de política económica que adoptará un eventual Gobierno del Partido Popular en caso de que las elecciones generales del próximo 23 de julio otorguen a Alberto Núñez Feijóo un respaldo suficiente para llegar al Palacio de la Moncloa, según ha podido saber ABC de fuentes del PP.
El FMI dibuja un desequilibrio crónico en las cuentas de España: déficit del 4% y deuda del 119% aún en 2028
Diferentes instituciones han reclamado varias veces al Gobierno que inicie ya un plan de consolidación fiscal
En el área económica de los populares están convencidos de que los cinco años de gestión presupuestaria de los gobiernos de Pedro Sánchez han disparado las ineficiencias en la aplicación de los recursos presupuestarios y los gastos superfluos, y que se dispone de un margen de maniobra muy significativo para reducir el consumo de recursos del Estado sin necesidad de tocar lo que se podría considerar como el núcleo duro del gasto público: pensiones, otras prestaciones sociales, gastos de personal, seguridad nacional e incluso políticas de estímulo económico.
En los últimos meses, el discurso en este campo del portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha incidido de forma particular en el recorte de lo que ha denominado 'gasto político', en relación al relacionado con el mantenimiento de una macroestructura de 22 ministerios, con todo el extra de gastos de funcionamiento y nóminas de altos cargos y asesores que ello supone. Según los datos de Hacienda, la nómina necesaria para pagar el sueldo de los altos cargos y asesores se ha disparado un 30% tras la conformación del Gobierno de coalición y su coste se ha elevado en 50 millones de euros respecto al que supuso el último gobierno de Mariano Rajoy. Igualmente, los gastos de funcionamiento de los ministerios, entendido como el agregado de los gastos de personal y el gasto corriente en bienes y servicios, lo han hecho un 33% (6.000 millones).
Pero también se ha hablado de la urgencia de mejorar la eficiencia del gasto público, tanto mediante una evaluación previa de los objetivos a alcanzar y el modo más económico de lograrlos, como a posteriori para ver si los gastos responden de forma eficaz al objetivo con el que se plantearon.
En el PP consideran, con la referencia que suponen casos de éxito desarrollados en comunidades donde ya gobiernan como Andalucía o Galicia, que hay margen para generar importantes ahorros haciendo las cosas de otra forma. Sustentan su análisis en los informes presentados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que subrayan que hay políticas públicas con un coste agregado de 60.000 millones de euros en las que se podrían obtener ganancias de eficiencia si se aplicaran sus recomendaciones, algo que el Gobierno ha ignorado hasta la fecha.
Los populares admiten que las recomendaciones de Airef les servirán de guía en caso de que tengan la oportunidad de gobernar y poner en marcha su plan para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público.
Las fuentes consultadas no precisan, sin embargo, si la auditoría se llevará a cabo desde dentro, es decir, a través de la Intervención General del Estado, o si se encargaría a un organismo independiente, como la propia Autoridad Fiscal. En sus enmiendas a la ley de evaluación de políticas públicas el grupo parlamentario popular intentó reforzar los recursos a disposición de Airef y su protagonismo y peso a la hora de promover políticas públicas eficientes.
Un problema con el gasto público
A excepción del Gobierno, la práctica totalidad de los actores políticos e institucionales con algo que decir en la gestión de las cuentas públicas españolas observan una situación de vulnerabilidad que implica riesgos a medio y largo plazo. La Autoridad Fiscal ha repetido con insistencia en los últimos meses la necesidad ya no solo de planificar sino de activar un plan de consolidación fiscal, que en su opinión debería iniciarse este mismo año para poner las cuentas públicas bajo control.
Su preocupación por el asunto le ha llevado a emitir un informe de opinión sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en el que advierte que en ausencia de medidas adicionales respecto a las previstas el déficit se estabilizará por encima del 3% y la deuda pública iniciará una senda ascendente que podría llevarla al 150% del PIB en 2050 y por encima del 186% en 2070.
Evolución del gasto del Estado
Previsto
Real
Cifras en millones de euros
Sin fondos UE
250.000
200.000
150.000
222.844
218.671
100.000
Se prorrogaron los PGE 2018
50.000
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Gobierno
PSOE
PP
PSOE
PSOE/UP
Evolución de los ingresos del Estado
Previsto
Real
Cifras en millones de euros
250.000
200.000
150.000
182.903
197.673
100.000
Se prorrogaron los PGE 2018
50.000
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Gobierno
PSOE
PP
PSOE
PSOE/UP
Fuente: Ministerio de Hacienda (IGAE) / ABC
Su diagnóstico difiere del trasladado por el Gobierno a la Comisión Europea, que prevé la reducción de la deuda por debajo del 110% en 2025 y el recorte del déficit por debajo del 3%, ya en 2024. La Comisión Europea no ha asumido estas previsiones.
El asunto no es irrelevante. Bruselas ha comprometido la activación de las nuevas reglas fiscales en el año 2024 y no tener el déficit por debajo del 3% implicará que España entre en el nuevo marco fiscal con el cartel de 'incumplidor' y muy probablemente dentro del área en que los célebres 'hombres de negro' ejercen una vigilancia reforzada sobre el presupuesto nacional.
La sensación general, transmitida así por la Airef, los analistas y otros organismos como el Banco de España, es que el Gobierno ha desaprovechado el histórico caudal de ingresos fiscales que han entrado en las arcas públicas en los últimos meses para poner las cuentas en orden. Los datos oficiales recogidos por el Ministerio de Hacienda revelan que de 2019 a 2022, con el paréntesis de la pandemia, los ingresos del Estado por impuestos se han incrementado en cerca de 50.000 millones de euros, una circunstancia sin precedentes en la historia presupuestaria de España. En el mismo periodo, el gasto público ha aumentado en 62.000 millones (ver gráfico) y lo ha hecho por encima de lo previsto en los Presupuestos, es decir, que se ha gastado más de lo que se preveía aprovechando ese flujo de ingresos tributarios.
El Gobierno ha atribuido este incremento del gasto público a la necesidad de hacer frente al Covid y al episodio inflacionista, pero un estudio del Banco de España estimó que se podrían haber alcanzado los mismos objetivos de protección de los vulnerables gastando un 75% menos.
La Airef ha estimado que será necesario un ajuste anual de 5.000 millones en el gasto público durante una década para asegurar una reducción consistente de la deuda pública.
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