El PNV presiona al Gobierno para colocar afines en la CNE, la CNMC y la SEPI

Así, según las fuentes consultadas, el grupo político liderado por Antoni Ortuzar busca 'sillas' en las que sentar a personas de su confianza y entorno en la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE) –aún en proceso de creación de su estructura de mando–, en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El objetivo de los nacionalistas vascos es tener un papel protagonista en la supervisión de empresas –en especial energéticas, con gran presencia en el norte de España, como Repsol e Iberdrola, que consideran «como suyas», de la región, según las fuentes– y en las de otros sectores clave de la economía española como Banca (con la vista puesta en BBVA, que tiene su domicilio fiscal en Bilbao) o Defensa (Indra, a través de los accionistas de la tecnológica con relación con el PNV), tanto como influir en otras compañías como Talgo o incluso obtener la gestión de los Paradores en la comunidad autónoma –que están ubicados en Fuenterrabía (Gipúzcoa) y Argomaniz (Álava)–, una petición que el Ejecutivo rechazó de plano.

El partido presidido por Ortuzar quiere abrirse paso en la CNMC, donde están pendientes de renovación cinco vocales, y en la nueva CNE, con todos sus cargos por repartir. También retoma unas negociaciones con el Gobierno paradas tras conseguir sacar adelante con su apoyo la legislatura: la posibilidad de que el partido tuviese un representante destacado y con mando en plaza en la SEPI.

La idea no es nueva, se trata de reproducir el histórico modelo vasco de participación pública en empresas estratégicas y en esa línea se movieron las conversaciones antes del apoyo a Sánchez en su segunda legislatura. El propio Ortuzar se reunió con la entonces vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, con la de Hacienda, María Jesús Montero, y con el secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno de España, Manuel De la Rosa.

El interés mostrado por los vascos en Talgo era, dicen las fuentes, un secreto a voces. Tras la propuesta de compra a mediados de octubre de Sidenor –empresa dedicada a la producción de aceros largos especiales, con sede en Basauri (Vizcaya)–, el Ejecutivo vasco ya habla abiertamente de la posibilidad de participar económicamente en la operación, mientras tampoco se descarta que el Gobierno central lo haga a través de la SEPI.

Las fuentes explican además que la búsqueda de un socio industrial es algo en lo que se viene trabajando en los últimos meses en el País Vasco, donde Talgo cuenta con una planta en Rivabellosa (Álava), con una plantilla de cerca de 700 trabajadores, sin incluir el personal eventual y el de empresas auxiliares que trabajan para la firma. En toda España, la compañía cuenta con cerca de 2.500 trabajadores directos.

El caso es que tras el desvelado y firme interés del Gobierno vasco en Talgo, Indra está también está entre las grandes compañías en las que el Ejecutivo de Sánchez está poniendo toda la carne en el asador para convertirla en el referente español del sector en Europa. Uno de sus accionistas es Sapa Placencia (con el 8%), dedicada a la fabricación de sistemas de propulsión para vehículos militares, y que pertenece a la familia de Jokin Aperribay, muy cercana al PNV y a los movimientos del Gobierno vasco.

Precisamente por este motivo, PNV no descarta que puedan tener un mayor peso en el futuro de la compañía de Tecnología, Seguridad y Defensa a través de fórmulas similares a la que ejecutaron en ITP Aero, donde la presidencia del Gobierno vasco supervisó la salida de Rolls Royce y apadrinó la entrada de Bain Capital. Actualmente, el País Vasco es dueño del 6% del fabricante de motores a través del fondo público Finkatuz.

Y es que al Gobierno le urge, y cada vez más por la presión de la Comisión Europea, tener cuanto antes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025, para lo que retomó hace apenas una semana las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios para recabar los apoyos suficientes y poder aprobar la senda de estabilidad y deuda que marque los presupuestos. El límite para presentar el proyecto era el pasado 15 de octubre, si bien España obtuvo cierta flexibilidad adicional que, según fuentes europeas, ya ha expirado, aunque el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trabaja con la posibilidad de enviarlo a lo largo de noviembre.

El Gobierno necesita incluir en el documento que envíen a Bruselas las medidas fiscales que están suponiendo también duras negociaciones con los independentistas catalanes, PNV y los propios socios de Ejecutivo. Y en el momento en el que cierren este asunto será cuando presentan las cuentas y remitan el Plan de Presupuestos, si es que consiguen pactarlo.