Los planes de pensiones, una asignatura todavía pendiente

El próximo 1 de enero entra en vigor una de las peores decisiones que en, mi opinión, en esta materia, tomó el Gobierno de Mariano Rajoy: se permitirá rescatar los ahorros acumulados en los planes con más de 10 años de antigüedad, es decir, todas las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2016, con sus correspondientes rentabilidades. La medida se justificó, en su momento, en que serviría para hacer más atractivos estos productos, pero lo cierto es que lejos de conseguirlo lo que se puede producir es una descapitalización de los mismos.

Es verdad que los culpables del escaso desarrollo de estos productos de ahorro no son solo los gobiernos del PP. Las regulaciones posteriores han sido incluso peores. Se han limitado las aportaciones a los planes individuales a 1.500 euros anuales, en teoría para concentrar todos los recursos en el impulso a los planes de empleo. Intentar que todos los trabajadores tengan un plan de pensiones en sus empresas es, sin duda, un objetivo loable, pero está claro que ni las patronales, ni los sindicatos ni el propio gobierno están comprometidos con una medida que permitiría garantizar un colchón extra tras la jubilación a todos los empleados de una manera mucho más homogénea que si se deja en manos de la capacidad de ahorro individual. Ni se ha hecho obligatorio, como sí lo es en otros países como Reino Unido u Holanda, ni se dan los incentivos suficientes a las empresas y a los trabajadores para hacer una clara apuesta por ellos.

Otro de los problemas que tienen los planes de pensiones es la fiscalidad del rescate, peor tratada que el resto de las rentas del ahorro. Tras eliminarse en 2007 la reducción del 40% para los rescates en forma de capital, el cobro de los planes no tiene ninguna reducción, lo que significa que todos los ahorros acumulados desde ese año 2007 cuando se rescatan tributan como rentas del trabajo, con tipos marginales superiores en algunas autonomías al 50%, frente a los tipos que se aplican a las rentas del capital que, incluso con las últimas subidas, se quedan en el 30% para incrementos de patrimonio superiores a 300.000 euros.

Sin duda, urge aplicar algún tipo de deducción para el rescate de los planes de pensiones en forma de renta, que es la única manera de garantizar que estos productos de ahorro a largo plazo sirven para lo que realmente se crearon, complementar las pensiones públicas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo tiene claro y en un análisis solicitado por la CNMV con recetas para revitalizar el mercado de capitales español, recomienda «aumentar los límites de deducción de impuestos para las contribuciones personales a los fondos de pensiones, que se han reducido significativamente en los últimos años, al menos para los ahorradores que no están cubiertos por un plan de pensiones de empleo». Además, asegura que «es vital que España continúe con los esfuerzos actuales para promover los fondos de pensiones de empleo y crear un entorno de políticas que permita y aliente a estos fondos a participar en los mercados de capitales, incluidos los mercados de acciones». Y por último, critica las ventanas de liquidez que, como hemos explicado, habilitaron los populares en 2015 y que entrar ahora en vigor. De hecho, la OCDE recomienda «eliminar la posibilidad de retiros anticipados de los fondos de pensiones. Dadas sus estructuras de pasivo, los fondos de pensiones son especialmente adecuados para la inversión a largo plazo». Pues lo dicho, solo falta que el Gobierno tome nota.