Las petroleras advierten de que el 'impuestazo' pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones

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Repsol comienza a paralizar sus principales inversiones en España «hasta que haya estabilidad regulatoria»

Javier González Navarro

Entre ellas se encuentran el electrolizador de 100 MW de Petronor, una industria de combustibles sintéticos y mejoras en las plantas de Cartagena, Bilbao y Tarragona

La nota de esta asociación va en línea con las declaraciones realizadas hace unos días por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y por el presidente de su filial Petronor, Emiliano López, quienes apuntaron que el grupo había decidido paralizar varias inversiones hasta que haya estabilidad regulatoria.

«La intención de prorrogar el gravamen en el tiempo -recogida en el acuerdo entre las dos formaciones políticas que aspiran a formar Gobierno- penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre«, afirma AOP.

El sector del refino recuerda que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del Pniec 2023-2030. Este borrador de ese plan eleva las inversiones necesarias previstas a 294.000 millones, de las que el 85% deben provenir del sector privado. «Si se mantiene este gravamen, las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria. Las compañías a las que AOP representa tienen proyectadas, hasta 2030, inversiones superiores a los 16.500 millones de euros, que se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras -que no crean empleo- y frente a otros países sin objetivos climáticos, penalizando la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización».

AOP considera que «prorrogar un gravamen, que se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas, va en contra de la política energética de la Unión Europea», centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios.

AOP recuerda además, «la importancia capital del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia, en los que España no sufrió problemas de suministro de energía gracias a las inversiones que las compañías de AOP habían realizado para mejorar la capacidad y flexibilidad de sus instalaciones». Asimismo, durante la crisis del Covid las compañías «soportaron importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos». Y que «durante los peores meses de la inflación, ofrecieron -y siguen ofreciendo- descuentos adicionales, demostrando que el sector al que AOP representa, lo forman compañías comprometidas con la sociedad cuando esta las necesita».

Esta asociación reitera su «rechazo a este impuesto, que vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta debería esperar a los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen». Y destaca «la necesidad y la urgencia de un marco regulatorio y fiscal que incentive las inversiones en la transición energética de esta industria, así como la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas».