Pedro Sánchez moviliza a la SEPI en su estrategia para pastorear al Ibex

«La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) viene monitorizando la situación de Telefónica, S.A. y está llevando a cabo un análisis interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía. Dicho análisis por parte de SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición», decía el comunicado remitido el martes al regulador por el holding del Estado, reconociendo el interés del Gobierno por actuar en Telefónica, solo 24 horas después de que la ministra portavoz hubiera tachado de «especulación» esa posibilidad y tras constatar la agitación desencadenada en la cotización del valor, que llegó a subir un 2,5% el lunes y que acumuló un alza de cerca del 5% en la semana.

La maniobra, conducida con el máximo sigilo desde el núcleo monclovita más cercano al presidente del Gobierno –las fuentes consultadas apuntan a la oficina del secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha–, no era conocida ni por el consejo de administración de la SEPI ni por buena parte del área económica del Gobierno, según confirman fuentes gubernamentales y del núcleo de decisión del holding y, según fuentes del entorno de Telefónica, tampoco por la cúpula de la teleco, a la que esa «monitorización» y ese «análisis interno» que la SEPI admite estar llevando a cabo en la nota a la CNMV ha cogido por sorpresa.

Hay más sorprendidos por el interés gubernamental en entrar en Telefónica, que la vicepresidenta en funciones Nadia Calviño calificó el viernes como «una empresa estratégica, si no la más estratégica». Fuentes empresariales acreditan que el movimiento ha generado tensión en otra gran empresa cotizada controlada por el Estado, Indra, donde la mera posibilidad de que La Moncloa se pudiera plantear mover ficha para propiciar su entrada en el capital de Telefónica para apuntalar ese núcleo español genera «más que inquietud», según aseguran fuentes próximas a la consultora de tecnología y defensa.

Mientras la mayoría de los actores afectados por la maniobra de La Moncloa se mueven entre la sorpresa, la alarma y la incertidumbre, y los accionistas esperan respuestas, el Gobierno ha impuesto un perfil bajo. Calviño ha querido zanjar la cuestión diciendo que analizar las alternativas posibles para preservar el control de una empresa estratégica es obligación «de un gobierno responsable», anunciando que no habrá más pronunciamientos para no alterar la cotización de los títulos de Telefónica.

El debate está sobre la mesa. ¿Debe el Estado entrar en el capital de una empresa cuando dispone de instrumentos que le permiten modular e incluso bloquear los intentos de toma de control de empresas estratégicas? «¿Para qué quiere el Estado participar en Telefónica? ¿Para influir o para 'proteger'?», se pregunta Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios. «En el primer caso, provocaría una caída de la cotización, que iría en detrimento del ahorro de miles de españoles; en el segundo, cuenta con mecanismos menos onerosos para el bolsillo de los contribuyentes. Telefónica fue pública hace años, se privatizó y pasó de ser una compañía deficitaria a otra competitiva», dice.

En la gran empresa existe la convicción de que Sánchez aspira a controlar o al menos influir en las decisiones estratégicas de las principales compañías del país. La utilización de la SEPI para conseguir presencia directa en una empresa supone un salto cualitativo en esta estrategia, que La Moncloa nunca ha intentado disimular.

Más allá del escudo antiopas, del que se está valiendo el Gobierno para modular la composición accionarial de empresas estratégicas como Naturgy y Telefónica, La Moncloa no ha dudado en gobernar situaciones como las de Duro Felguera, Abengoa y Celsa. El fondo de la SEPI para el rescate de empresas estratégicas le ha dado voz y voto en más de 30 empresas del corazón del tejido productivo, como Air Europa, y le ha dejado acuñar un relato sobre el rescate público al sector privado.

La movilización de la SEPI para reajustar los equilibrios de poder en Telefónica tras la entrada de los saudíes abre una nueva etapa. De las operaciones puntuales de rescate se pasa a la presencia directa en empresas estratégicas. Hasta ahora, la SEPI se había centrado en ordenar la liquidación del sector público empresarial obsoleto (Hunosa, Izar...), en tratar de garantizar la supervivencia del castigado tejido empresarial público (Navantia, Correos) y en ejercer la titularidad de la presencia estatal en empresas cotizadas, algunas públicas como Enagás, Indra y Red Eléctrica, de las que es accionista de control; y en otras en la que su presencia es menor relevante como Airbus e IAG.

La posibilidad de entrar en el mercado abre dudas financieras. El grupo SEPI consolida empresas con pérdidas millonarias como Navantia y Correos y sus beneficios de 2022 (43 millones) no dan para grandes inversiones. En 2000, el consejo del holding ya exploró con Hacienda la posibilidad de emitir deuda para mejorar sus vías de financiación.