Once ministros del Gobierno hacen pinza con los sindicatos en el Primero de Mayo más politizado del último lustro

Pese a que las 70 manifestaciones celebradas a lo largo y ancho del territorio español transcurrieron sin incidentes y convocaron a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país, espíritu tradicional de festividad parece haber dado paso a un planteamiento más belicista y combativo por parte de los sindicatos, en este caso contra los partidos de la oposición a los que acusan de intentar deslegitimizar a un Gobierno democrático y también contra los bulos que aseguran vierten ciertos medios de comunicación con los que tratan de destruir la coalición a partir de ataques personales y falsedades. La movilización del Primero de Mayo de Madrid ha contado con la participación 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, 120.000, según cifras sindicales.

Este plano político protagonista en todas la intervenciones ha resultado finalmente en una pinza que parece se mantendrá en la próximas semanas por la que los sindicatos han expresado nítidamente la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazando la idea planteada por el PP de que sean los mismos miembros de la judicatura quienes elijan a los representantes del Consejo e invitando al Gobierno a que sea valiente y lleve a cabo la elección, con o sin acuerdo de la oposición. Es decir, abriendo la puerta a que esta renovación se lleve a cabo mediante una rebaja de las mayorías en el Congreso necesarias para la selección de los miembros.

Además, el mismo Ejecutivo se ha encargado de apuntalar esta deriva discursiva hacia el plano político con la presencia ni más ni menos que de once ministros del Gobierno en las diferentes manifestaciones, nueve de ellos en la celebrada en la capital en Madrid. Entre los asistentes se encontraban Yolanda Díaz (Trabajo), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales y Consumo), Sira Rego (Juventud e Infancia), Mónica García (Sanidad), Ernest Urtasun (Cultura), Óscar Puente (Transportes), Teresa Ribera (Transición Ecológica), Elma Saiz (Seguridad Social) y María Jesús Montero (Hacienda). A ellos se han sumado Diana Morant (Ciencia y Universidades) en la marcha celebrada en Valencia y Ana Redondo (Igualdad) en la de Valladolid.

Precisamente, por estos derroteros fueron tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el de CC.OO., Unai Sordo, con discursos económicos impregnados de soflamas contra el enquistamiento del Poder Judicial y la «desinformación» de ciertos medios de comunicación, así como de la crispación azuzada por los partidos de la oposición.

«Claro que hay un acoso político y mediático al Gobierno y a lo que no es el Gobierno. Empezó hace diez años contra los sindicatos y han continuado después», señalaba Sordo sobre las acusaciones de instigación e increpación que el Ejecutivo ha vertido sobre los partidos de derecha del país. «Pero qué es esto de que un poder del Estado se elige así mismo. Eso es desdemocratizar el Poder Judicial. El Poder Judicial no es un club de petanca que se elige así mismo», clamaba Sordo denunciando que el «CGPJ se ha cerrado con llave». «Le pedimos al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que tire para adelante con la renovación de CGPJ», sentenciaba el líder de CC.OO.

En cuanto a la consigan que apunta hacia ciertos medios de comunicación como «máquina del fango», Sordo asegura que los sindicatos defienden la libertad de expresión y de prensa y de comunicar y opinar lo que se quiera. «Otra cosa para contemporizar el bulo. Ya vale de confundir la víctima con el agresor», señalaba sobre la publicación de lo que denominan 'bulos' por parte de medio no afines con el Ejecutivo.

«Sí, presidente, merece la pena el Gobierno de España. Hemos sufrido ataques permanentes de los poderes fácticos. No se puede acosar a una familia como se ha hecho y no se puede perseguir a las organizaciones sindicales decentes. No se puede crear una policía patriótica y fascista para controlar a los partidos. Por eso estos cinco días de reflexión del presidente deben ser de todo el país para exigir cambios y una democracia decente», ahonda el líder de UGT.

«A los jueces no eligen a los jueces, lo decimos alto y claro. Cómo al resto de poderes del Estado los elegimos los ciudadanos», señalaba Álvarez remarcando la postura de los sindicatos sobre este conflicto abierto entre PSOE y PP que ha impedido la renovación de los órganos judiciales en los últimos cinco años.

Tan evidente era la simbología política en este Día del Trabajador que en la columna de la manifestación más multitudinaria se podía reconocer tras la cabecera inicial las distintas de cada una de las formaciones que asistieron en calidad de representantes de la ciudadanía, partiendo de la del PSOE, con los ministros socialistas y miembros destacados del partido como el secretario general del partido en Madrid, Juan Lobato, el diputado Santos Cerdán, el senador José Manuel Franco y el diputado Rafael Simancas, entre otros. A la que seguían dos secciones diferenciadas: una de Sumar y otra de Unidas Podemos con las exministras Irene Montero e Ione Belarra al frente.

Así, sin perder de vista las demandas de reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 y el aumento del coste del despido improcedente, la totalidad de las reivindicaciones incluyeron el componente político, recogiendo el mensaje de necesidad de regeneración democrática deslizado por Pedro Sánchez tras anunciar su permanencia al frente del Ejecutivo.

«Este primero de mayo tiene un valor añadido. Salimos para defender la democracia», señalaba la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero asegurando que «vamos a desenmascarar a todos los que hacen bulos y deslegitiman al Gobierno democrático» refiriéndose a la «máquina del fango» y recordando que hay que respetar las urnas y la voluntad del pueblo». La ministra exigió «humanizar la política» y lamentó también que «lo que se esconde tras el ataque a la democracia es la falta de proyecto político de la oposición, que hacen del insulto su forma de hacer política».

En este punto, el ministro de Transportes socialista Óscar Puente aprovechó para cargar contra el PP y contra los medios de comunicación. «Es difícil hoy separar la información veraz de los bulos», aseguró añadiendo que «el PP está incumpliendo los acuerdos de la transición». «El punto y aparte es que yendo bien el país no puede haber este nivel de crispación», recordaba el ministro asegurando que «el PSOE no está crispando la vida social» mientras que otros «recurren a la mentira para llegar al poder».

«Vamos a trabajar menos y vamos a mantener el salario porque tenemos trabajar menos para vivir mejor», garantizó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incidiendo en que la clave está en «repartir la productividad, los beneficios y el tiempo de trabajo». Además, como sustrato de la idea de que la relación con el presidente Pedro Sánchez no pasa por su mejor momento, cabe destacar como dato puramente objetivo que Díaz es el único miembro del todos los del Gobierno que asistieron a la marcha del Primero de Mayo que no realizó ninguna declaración sobre el debate de regeneración democrática que el resto del Ejecutivo y los sindicatos han inoculado en las consignas de la manifestación.

Remarca Díaz que la reducción del tiempo de trabajo beneficiará especialmente a las mujeres trabajadoras a las que no les «da la vida» y que redundará en la salud mental todos los trabajadores que necesitan «tiempo de vida» para «no enfermar» y «vivir con dignidad». Eso sí, admite que si esas medidas se toman «de la mano de los agentes sociales» será «mucho mejor» y añade también a su lista de objetivos la reforma del despido que, ha recordado, reclaman las autoridades comunitarias a España. «Vamos a proteger a la gente trabajadora y vamos a hacer algo clave, que es seguir subiendo los salarios en nuestro país», ha apostillado.

En relación al pleno empleo, Sordo insistió en que «es posible» alcanzar este pleno empleo. «Hay dinero para impulsar la inversión. Las empresas en España se quejen lo que se quejen, pero están marcando los mayores beneficios, los mayores excedentes empresariales de la historia. El 20% de las empresas más importantes de este país están en récord de beneficios y en récord de excedentes», argumenta.

Por ello, reclama utilizar los recursos públicos para esa inversión productiva, pero con la garantía de inversión a largo plazo por parte de las empresas privadas. «Ya no es tiempo de la colaboración público-privada, esa que pretende poner en las cuentas de resultados de las empresas parasitarias», recalcó.

De igual manera, Sordo y Álvarez apuntaron a la reducción de la jornada laboral, que se está negociando con el Gobierno y la CEOE para llevarlo a las 37,5 horas sin merma salarial para 2025, pero advirtieron a la patronal de que si no se puede hacer a través del diálogo tripartito se tendrá que legislar sin el concurso de los empresarios. No obstante, Álvarez apunta que las 37,5 horas son «el camino» hacia las 32 horas de jornada laboral semanal.

«Queremos trabajar menos para vivir mejor y si se molestan, peor para ellos», ha subrayado Álvarez, que ha insistido en que esta reducción debe hacerse sobre todo por los trabajadores más vulnerables, ya que, «donde no hay sindicatos, no se ha podido reducir el tiempo de trabajo por la vía de los convenios colectivos».

Para Sordo, la jornada laboral hay que llevarla «al menos» a las 37,5 horas, pero también hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores más vulnerables, controlar el tiempo de trabajo y la distribución del mismo, porque «el convenio pone lo que quiere poner y en la realidad si no se cumple, no vale demasiado».