Ofensiva de los ayuntamientos para frenar los pisos turísticos

El foco de la cuestión, en la mayoría de casos, no está en si acabar o no con los pisos turísticos, sino en frenar un crecimiento que vecinos e incluso el propio sector turístico considera insostenible, con el problema añadido de la oferta ilegal. Los apartamentos dedicados a la corta estancia han permitido a las ciudades aumentar su capacidad para absorber turistas en tiempo récord, con la ayuda inestimable de aerolíneas de bajo coste como Ryanair y de la proliferación de plataformas de reservas como Airbnb o Booking. Según el INE, en el mes de febrero había activas en España 351.389 VUT, un 9,2% más respecto a los que se alquilaban en el mismo mes de 2023. Todas ellas representan el 1,33% del total de viviendas en territorio español.

Pero el crecimiento es aún más representativo si se mira el número de plazas, que es lo que verdaderamente determina la capacidad de absorción de visitantes que tienen las ciudades: creció hasta las 1.751.263 en febrero de este año, frente a las 1.545.368 del mismo mes de 2023. Es decir, un 13,3% más.

En Madrid ese ascenso de plazas fue desde las 47.589 del segundo mes del año de 2023 a las 55.155 que estadística detectó el pasado febrero. Es ya más de la mitad de las 93.144 que la ciudad ofrece en los alojamientos turísticos reglados. En Sevilla hay ya casi tantas plazas en pisos como en hoteles (26.379), tras crecer hasta 25.270, según el INE. Málaga es el caso más espectacular, donde la capacidad de las VUT (29.818) más que duplica a la de los inmuebles hoteleros (13.436). El ayuntamiento malagueño de Francisco de la Torre prepara ya limitaciones a la concesión de licencias para las VUT, mientras que Sevilla ya las aprobó en el mes de marzo, tras la modificación normativa aprobada en febrero por la Junta de Andalucía.

No son los únicos casos. Esta misma semana ha sido el consistorio de Valencia liderado por la popular María José Catalá, el que ha abogado por congelar las licencias y no otorgar nuevas durante un año, que será prorrogable a otro. Más severa es la propuesta lanzada por el ayuntamiento del también alcalde del PP Jaime Martínez en Palma de Mallorca -donde ya existe una estricta regulación-, que pone como meta reducir a cero el número de VUT.

Es la respuesta a la queja de miles de vecinos que aseguran vivir un martirio por la convivencia puerta con puerta con una masa turística que ya se ha adueñado de la vida de los barrios más emblemáticos del país. A esa ola también se ha subido el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida en Madrid, que el mes pasado anunció un plan de acción con el que congelará durante un año de las nuevas licencias para viviendas de uso turístico y aumentará la cuantía de las multas para los propietarios de los pisos que operan sin licencia en la capital, que son la amplia mayoría.

El caso de los pisos que se alquilan por días sin permiso en Madrid es espectacular. El consistorio popular tan solo ha llegado a contabilizar 1.008 apartamentos con la licencia urbanística necesaria para acoger huéspedes de la oferta total de 16.100 que ofrece la ciudad, según el INE. Es un hecho que se reproduce al resto de España y por el que la consejera balear de vivienda, Marta Vidal, pidió la semana pasada a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que dote de armas legales a las comunidades para poder clausurar los pisos que funcionan al margen de la ley. La reunión celebrada en el Ministerio de Vivienda, y en la que participaron los representantes autonómicos de la materia, pretendía abordar la regulación de los pisos turísticos, pero durante el encuentro tan solo se comunicó la creación de un registro estatal de apartamentos, que obedece a una normativa comunitaria.

Según la patronal turística Exceltur, que representa los intereses de gran parte de las grandes cadenas hoteleras españolas, en el último año se han incorporado 60.000 nuevos pisos a la oferta de alquiler turístico en los 25 principales destinos del país, «la mayoría de manera ilegal», aseguraron. La asociación que preside el presidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer, lleva años presionando al Gobierno para que se regle el fenómeno, en favor, dicen, de acabar con la turismofobia que aseguran que ha atraído su aumento descontrolado -en Canarias y Baleares se han producido manifestaciones multitudinarias- y de aliviar los altos precios de la vivienda.

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Pero la vivienda turística se defiende. En conversación con este periódico, Miguel Ángel Sotillos, presidente de la principal patronal del sector, Fevitur, asegura que se está intentando señalar a los apartamentos como culpables de una situación que la Administración no es capaz de resolver por sí misma. «En Barcelona la moratoria de licencias para VUT lleva varios años en vigor y el alquiler ha seguido al alza», recuerda.

Como efecto colateral, Sotillos pone el ejemplo de Nueva York que en septiembre de 2023 decidió hacer ilegal la oferta de apartamentos para turistas. «Los focos turísticos de la ciudad siguen igual de llenos y la oferta se ha desplazado a las zonas colindantes; en cambio, el precio de los hoteles se ha disparado», concluye el representante de Fevitur.