La OCDE pide el Gobierno un ajuste fiscal "más fuerte" y subidas de impuestos a transporte, industria y residencial

Hasta la fecha, el Gobierno, por boca del presidente Pedro Sánchez, solo ha garantizado la prórroga al menos hasta junio de 2024 de la rebaja del IVA a los alimentos básicos, lo que por omisión hacía prever la desactivación de las rebajas fiscales a la electricidad y el gas. El comentario deslizado en el último informe de la OCDE, que acostumbra a contrastar con las autoridades gubernamentales el contenido de sus informes antes de su difusión general, abre un nuevo escenario.

De confirmarse la prórroga de estas medidas, el IVA de un puñado de alimentos considerados básicos como las frutas, las verduras, las patatas, las legumbres o los cereales continuará en el 0% y el del aceite y la pasta seguiría en el 5%, y los recibos de la electricidad y el gas seguirían cargados con un IVA reducido del 5%, en lugar del tipo estándar del 21%.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, no obstante, negaban este miércoles que hubiera decisión alguna adoptada al respecto. El eventual mantenimiento de estas medidas de alivio fiscal, cuyo coste presupuestario anual se estima en unos 6.000 millones de euros, alteraría el plan de consolidación fiscal comprometido por el Gobierno de España con Bruselas, que aspira a alcanzar el ambicioso objetivo de dejar el déficit de las cuentas públicas por debajo del 3% ya en 2024, para evitar caer en el brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo que determina el control reforzado de la Comisión Europea sobre los presupuestos nacionales.

La OCDE entiende que el plan de ajuste fiscal planteado por el Gobierno no será suficiente para bajar el déficit por debajo del 3% ni en 2024 (para el que prevé un 3,2%) ni para 2025 (cuando estima un déficit del 3,1%) y tampoco para reducir la deuda pública por debajo del 110%. Los analistas del organismo advierten de que las autoridades españolas tendrán que adoptar medidas de ajuste fiscal «más fuertes y prolongadas en el tiempo» para conseguir reducir la deuda de una manera consistente, reiterando un aviso que el Gobierno ya ha recibido de Bruselas, el FMI o la Autoridad Fiscal.

En este sentido, los economistas de la organización de las economías avanzadas instan al Gobierno a activar la subida de la fiscalidad verde, removiendo las excepciones fiscales existentes en muchos impuestos ambientales que permiten a algunos agentes rebajar su factura fiscal y aumentando la presión fiscal sobre los sectores no incluidos en el sistema de comercio de los derechos de emisión, entre los que se encuadran por ejemplo el transporte, el sector residencial o la industria. Entienden que solo así se podrán alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones contaminantes.

Los economistas de la OCDE son los más pesimistas respecto al comportamiento de la economía española en 2024 de entre todos los organismos internacionales. En general, todos sitúan sus expectativas sensiblemente por debajo de la marcada por el Gobierno, del 2%, con la Comisión Europea y el FMI apostando por un crecimiento del 1,7%, pero la OCDE ve un futuro mucho más sombrío con un crecimiento del 1,4%, en el rango más bajo de las expectativas de los analistas nacionales.

El diagnóstico del organismo descuenta que tanto el consumo privado como la inversión caerán como consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras y la persistencia de la inflación a lo largo de 2024, y que la demanda externa tendrá una aportación más tenue al crecimiento por la situación de los principales socios comerciales de España, cuyas expectativas económicas son aún más sombrías.

Más optimistas son sobre el comportamiento de la economía en 2025, ya con un entorno de tipos de interés que se empezaría a suavizar, con la inflación en niveles normales y, por tanto, con un contexto más favorable al consumo y la inversión, que llevaría el crecimiento hasta el 2%. La OCDE advierte no obstante que las previsiones están rodeadas de muchas incertidumbres, la mayoría de las cuales podrían tirar hacia abajo del crecimiento, como las turbulencias geopolíticas o una eventual baja ejecución de los fondos europeos.

En la rueda de prensa posterior a la difusión del informe, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, ha insistido en la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y reequilibrar los desequilibrios fiscales generados por la pandemia para mejorar las perspectivas de crecimiento de las economías desarrolladas.

España es uno de los países que más desequilibrios fiscales ha acumulado en este periodo y por ello el informe de la OCDE incide de forma especial en la necesidad de que España sea más ambiciosa en su plan de consolidación fiscal no solo para garantizar una reducción firme de sus elevados niveles de endeudamiento, que lo mantienen como uno de los países con elevada vulnerabilidad fiscal según la clasificación de la Comisión Europea, sino también para generar los espacios fiscales necesarios para absorber los crecientes costes derivados del envejecimiento de la población.

Esta vez, el organismo no ha pedido de forma explícita una rebaja de las prestaciones o la ampliación de la edad legal de jubilación a las autoridades españoles, pero sí lo ha hecho a nivel general, como una estrategia ineludible para hacer sostenible el gasto público a medio y largo plazo. Para España la OCDE ha recetado una mejora del marco regulatorio para el impulso de la inversión en I+D y resolver las diferencias regulatorias dentro del propio país, que en su opinión incrementarían la productividad y la innovación. También ha recomendado a España mejorar las políticas activas de empleo y la inversión en formación del capital humano, especialmente entre los más jóvenes.