La Mutualidad tendrá hasta que se jubilen el ahorro de los abogados que pasen al RETA

Aunque el problema nace del funcionamiento propio del modelo de capitalización al que se han sometidos estos abogados en el sistema de cotización a la Mutualidad, alternativo al de la Seguridad Social y al cual se acogen de forma voluntaria, que les permite aportar hasta un mínimo del 80% de la cuota del Régimen Especial de Autónomos (RETA). Como resultado, miles de mutualistas alternativos de la abogacía y procuradores denuncian estar percibiendo rentas de retiro procedentes de la entidad privada de entre 500 y 800 euros mensuales. Si bien estas cuantías se calculan en base al nivel de las aportaciones realizadas durante su vida laboral.

Es decir, ante la posibilidad de poder realizar cotizaciones más bajas que las que hubieran tenido que abonar en el RETA los cerca de 60.000 abogados adscritos a la Mutualidad en régimen de cotización alternativo han optado por contribuciones más exiguas que permiten un mayor margen salarial mensual pero resulta en una menor renta de jubilación.

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Tras las quejas de los 5.000 mutualistas ya jubilados con pensiones hasta 700 euros mensuales más bajas que la media, coordinados bajo el Movimiento J2, el Gobierno ha asumido la tarea de buscar un arreglo a la situación mediante una doble vía: la articulación de una pasarela para que los mutualistas alternativos que así lo deseen pasen al RETA y coticen en el sistema público hasta el momento de la jubilación, por un lado, y la reconversión total del modelo, por otro, mediante la obligatoriedad de que los nuevos mutualistas deban inscribirse al RETA a partir de 2027.

En este plan de reconversión a medio plazo, fuentes cercanas a la negociación confirman a ABC que Seguridad Social está abierta a que los ahorros de los abogados y procuradores –70.000 alternativos entre ambos colectivos– queden depositados en la Mutualidad hasta el momento de su jubilación. Entonces, la entidad transferiría el capital acumulado a la Seguridad Social donde quedaría integrado dentro del presupuesto del organismo. Es decir, el dinero aportado por los mutualistas quedaría a modo de una provisión de fondos a favor de la Seguridad Social en la Mutualidad, que transferiría de forma íntegra a medida que los mutualistas vayan pasando al régimen de jubilación del sistema público. Así, aseguran las fuentes consultadas que la determinación del Gobierno en la negociación es no dañar el negocio de la Mutualidad. Si bien, señalan que la toma de medidas es inevitable.

Aunque la negociación sobre este punto en la mesa de Seguridad Social se encuentra en un momento de 'stand by', trasladan fuentes del diálogo social, tras haberse focalizado los trabajos en el último mes en la resolución de la polémica Orden Ministerial que regulaba el convenio especial para el rescate de los años no cotizados como becario.

Con todo, este punto de la negociación que permitiría mantener los fondos aportados por los mutualistas en la entidad hasta el momento de su jubilación también supone una balsa de aceite para la Mutualidad, que podrá continuar con su operativa de inversiones, a medida que va conformado esa provisión de fondos que servirá para ir liquidando las bolsas de cotización de los mutualistas que pasen al RETA.

De hecho, desde la patronal aseguran tener garantizada la solvencia de un sistema de previsión social que protege a más de 210.000 mutualistas y que gestiona más de 10.200 millones de euros, lo que, sumado a los más de 500 millones de euros de fondos propios no comprometidos y un margen de solvencia del 204% al cierre de 2023, «garantizan la solvencia, la rentabilidad y la viabilidad de la organización».