Muface convoca a su consejo el miércoles en plena polémica por la posible denegación de tratamientos oncológicos
El sindicato CSIF exige a la mutualidad investigar la existencia de posibles casos en el ámbito del concierto sanitario de los funcionarios
Muface anima a reclamar a los pacientes a los que se haya denegado un tratamiento
La directora de Muface, Myriam Pallarés, en una reunión del Consejo General
Muface reunirá el próximo miércoles a su máximo órgano ejecutivo, el Consejo General, en medio de la polémica desencadenada por las revelaciones de ABC sobre las presiones a médicos realizadas por empresas privadas para prescribir tratamientos oncológicos menos costosos a los pacientes. Algunas de las ... aseguradoras que trabajan con estas empresas forman parte del concierto de Muface lo que ha generado incertidumbre en torno a la posibilidad de que pueda haber mutualistas potencialmente afectados por estas prácticas.
El sindicato CSIF ha avanzado este jueves que aprovechará la reunión para reafirmar su exigencia de que Muface investigue la posible existencia de prácticas de esta naturaleza en el perímetro de actuación del concierto sanitario y que se facilite a los potenciales afectados la posibilidad de presentar la correspondiente reclamación si se consideran afectados por esta mala praxis.
La mutualidad ha trasladado a nivel interno que a día de hoy no dispone de "datos objetivos" que acrediten la existencia de estas prácticas al menos en el caso de Muface y en los últimos doce meses, si bien estas prácticas pueden llevar realizándose desde hace más tiempo y no solo en el ámbito de Muface sino también en el de otras mutualidades como Mugeju, la del personal de Justicia, e Isfas, la de los militares.
En cualquier caso, Muface subrayó el miércoles en declaraciones a ABC que el procedimiento del concierto es "garantista" y permite que cualquier mutualista que se vea afectado por una situación así puede denunciarla, y que en esos casos la mutualidad se compromete a investigar si las decisiones adoptadas son o no conformes a lo establecido en el concierto sanitario que gestiona la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y familiares.