Montero exprime las rentas de los trabajadores y los beneficios de las empresas para recortar el déficit al 3,7%
La inercia del gasto social, las nóminas de los funcionarios y la carga creciente de los intereses de la deuda obligan a Hacienda a propinar un recorte histórico a las ayudas que da la Administración
Las autonomías se alejan de su objetivo y cierran 2023 con un déficit del 0,9% tras el año electoral
El Gobierno enviará en los próximos días a la Comisión Europea una cifras de cierre del ejercicio presupuestario de 2023 que muestran un déficit público del 3,66%, muy inferior al 3,9% que Hacienda se había marcado como meta y que sobre el papel ... convierte en factible el objetivo de dejar el desequilibrio de las cuentas de las administraciones públicas españolas por debajo del 3%, como el Reino de España se ha comprometido a hacer con Bruselas.
Según el relato sostenido este jueves por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del avance del cierre de la ejecución presupuestaria de 2023 -cuyos datos detallados se publicarán la próxima semana-, esto ha sido posible gracias al fenomenal desempeño de la economía española y al fuerte crecimiento del empleo propiciado por las políticas gubernamentales, y también a una política de prudencia presupuestaria que estaría permitiendo, a su juicio, avanzar en el objetivo de la consolidación fiscal «sin recortar los servicios públicos como se hizo en los años del austericidio», ha señalado.
Sería a partir de esas premisas como el Gobierno central ha logrado reducir el déficit del Estado desde el 3,06% al 2,11% en un solo año y ha conseguido compensar la desviación del saldo de las comunidades autónomas, para las que se preveía un déficit del 0,6% y que finalmente han cerrado el ejercicio con un saldo negativo del 0,91%.
Pero las cifras de avance proporcionadas este jueves por el Ministerio de Hacienda dicen más cosas. Por ejemplo, que para conseguir esa reducción del déficit el Estado algún ajuste ha hecho, y no menor. La prueba es el capítulo de subvenciones, que en un solo año se ha recortado nada menos que un 38%, desde los 16.369 millones de euros que se distribuyeron entre empresas, hogares y tejido asociacionista en 2022, y los poco más de 10.000 millones que se han repartido este año, en un tijeretazo sin precedentes de esta cuenta, sin el cual el déficit se habría ido por encima del 4% como anticipaban los analistas.
El Gobierno contaba con que la inercia del crecimiento y los ingresos impositivos se encargara por sí sola de la reducción del déficit, y en parte lo ha conseguido. En 2023, los ingresos por impuestos del Estado se incrementaron en otros 16.000 millones de euros, marcando un nuevo máximo histórico de 271.935 millones. Y sin embargo, su empuje fue algo menor de lo que venía siendo desde finales del 2021 y el ejercicio de 2022, al calor de la inflación.
Aguantaron el tirón el IRPF y el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación aumentó un 9,9% y un 9% respectivamente, gracias al buen comportamiento del empleo y las subidas salariales, por una parte, y al buen momento de los beneficios empresariales, por otra, pero también a decisiones regulatorias como la no deflactación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta o la limitación transitoria (aunque ahora prevea prorrogarse en 2024) que limita al 50% la posibilidad de los grandes grupos empresariales de aplicarse las pérdidas de sus filiales.
Los impuestos ligados al consumo, el IVA y los Impuestos Especiales, presentaron crecimientos nimios tras el shock inflacionista, como ya anticiparon muchos analistas o el Banco de España, y crecieron por encima de lo esperado, en un anticipo de lo que le puede esperar a la cuenta de ingresos en 2024.