Montero endosa un ajuste fiscal de 20.000 millones a autonomías y municipios para cuadrar el déficit de 2024

Un hito en la historia presupuestaria de España que, según las cifras enviadas a la Comisión Europea por el Ejecutivo, vendrá facilitado por un ajuste fiscal no menos excepcional de las administraciones territoriales, que permitirá transformar el déficit conjunto de más de 14.500 millones de euros registrado el año pasado por un superávit próximo a los 4.500 millones este ejercicio. Un ajuste fiscal cercano a los 20.000 millones de euros en un solo ejercicio y en las administraciones que, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha encargado de recordar de manera insistente en los últimos años gestionan los servicios públicos más esenciales para los ciudadanos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

La suspensión de las reglas fiscales durante la pandemia y la rocambolesca tramitación de la senda de consolidación fiscal del Gobierno, aprobada por dos veces por la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso pero rechazada en ambas ocasiones por la mayoría del PP en el Senado, han dejado el escenario fiscal que debería guiar el ajuste de las cuentas públicas españolas una vez reinstauradas las reglas europeas hecho unos zorros.

La ministra de Hacienda ya dijo que de rechazarse el escenario propuesto por el Gobierno este se agarraría al enviado a Europa en abril de 2023 en la actualización del Programa de Estabilidad y esa parece haber sido la guía que se ha seguido a la hora de informar a Europa de cómo se va a ejecutar el ajuste comprometido por España.

El resultado de la maniobra ofrece un cuadro insólito, que al menos sobre el papel remitido a los funcionarios de la Comisión hace descansar todo el ajuste necesario para reducir el déficit público del 3,6% en que se cerró 2023 hasta el nivel inferior al 3% prometido para 2024 en las administraciones territoriales, en tanto el Estado dispondría de un margen extra de 17.000 millones de euros respecto al saldo presentado en el último ejercicio presupuestario.

El Gobierno pronostica para 2024 un déficit público del 2,8%, resultado de un desequilibrio del 2,9% en las cuentas del Estado (1,9% en 2023) y del 0,2% en las de la Seguridad Social, que sería compensado por un superávit del 0,23% de los ayuntamientos (0,1% de déficit el año pasado) y del 0,05% en las comunidades autónomas (déficit del 0,9% en 2023). Traducido a euros, el Estado podría ensanchar en más de 17.000 millones el agujero entre sus gastos y sus ingresos, mientras las administraciones territoriales no solo deberían liquidar todo el déficit de sus cuentas sino garantizar un sólido excedente de 4.404 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ya advirtió que esto ocurriría en plena refriega política por el rechazo del PP a los objetivos de estabilidad planteados por el Gobierno, que Hacienda nunca intentó ni siquiera negociar con la mayoría popular en el Senado.

Hacienda llegó incluso a estimar el perjuicio que el veto del Senado a los objetivos de déficit tendría para las arcas de gobiernos autonómicos y ayuntamientos. En la nota de prensa difundida tras el segundo y definitivo rechazo del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno, Hacienda ya anunció que recortaría en 1.456 millones de euros el margen presupuestaria de las comunidades autónomas y en 2.924 millones el de las corporaciones locales.

No era ni mucho menos una consecuencia inexorable del rechazo del Senado a los objetivos de déficit del Gobierno, pero Hacienda decidió utilizar la referencia de la última senda de consolidación fiscal avalada, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, por la Comisión Europea, pese a las dudas jurídicas que la maniobra suscita entre los expertos.

Si cada vez son más los analistas que sitúan en el terreno de lo posible que el déficit público termine en el entorno del 3%, que se llegue a ese punto por el camino que ha previsto el Gobierno se ve como improbable. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó a partir de la información disponible en los presupuestos aprobados de las comunidades autónomas que el déficit de estas sería al menos del 0,1% del PIB y que se vería compensado por un superávit más o menos de las misma cuantía de las comunidades autónomas, pero que no sumarían en ningún caso un excedente del 0,3% como el estimado en la senda enviada por el Gobierno a Bruselas.

Las señales que emite la evolución de las cuentas autonómicas en los últimos tiempos tampoco invita al optimismo. El déficit del 0,6% que anticipó en octubre la Airef acabó convertido al cierre de 2023 en un desequilibrio negativo del 0,9% y, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, entre enero y y febrero el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de los gobiernos regionales casi se triplicó respecto al registrado en 2023, con una aceleración del gasto del 7%.

Fuentes de Hacienda deslizan que hay que tener en cuenta que este año autonomías y ayuntamientos tendrán en julio un ingreso extra, que algunas fuentes estiman en unos 20.000 millones, por los ingresos recibidos de menos de sus sistemas de financiación en 2022, en que la recaudación se disparó. Aún así, en opinión de Diego Martínez, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide y uno de los expertos más reconocidos del panorama nacional en materia de financiación autonómica, el ajuste que dibuja el Gobierno parece improbable «por la evolución que se observa de las cuentas autonómicas en el arranque del año y por la posición de partida que condiciona la magnitud del ajuste fiscal que pueden llegar a realizar».