Montero coloca bajo su control directo el área de fondos europeos tras el goteo de fugas de altos cargos

La maniobra forma parte de una reestructuración ministerial más amplia que alcanza también a otro de los órganos clave para el control de los fondos europeos, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que dejará de depender de la Subsecretaría, a la que se asignó de forma insólita tras el aterrizaje de María Jesús Montero en el Ministerio, y volverá a la Secretaría de Estado de Presupuestos, de la que ha dependido históricamente.

Fuentes no oficiales del Ministerio consultadas por ABC interpretan el movimiento como un mensaje de fuerza de la ministra, después de una época convulsa en la que a los problemas de ejecución del plan, se han unido las graves dificultades en el desarrollo del programa informático Coffee, que debía hacer de repositorio de toda la información sobre las inversiones del plan, y en última instancia la inestabilidad en la Dirección General del Plan de Recuperación, que ya se ha llevado por delante a dos máximos responsables, Rocío Frutos y Jorge Fabra, en cosa de 18 meses. «Parece que quiere tener una información más directa de lo que ocurre con los fondos europeos», apunta una fuente del Ministerio.

Otras fuentes ministeriales hacen hincapié, por el contrario, en el espaldarazo que supone para la responsable de la Secretaría General, Mercedes Caballero, que ha tenido que lidiar con todos los problemas que han jalonado la puesta en marcha del Plan de Recuperación en España con una dotación de personal muy inferior a la inicialmente prevista y que a partir de ahora ya no reportará a la secretaria de Estado de Presupuestos, sino que tendrá hilo directo con la ministra.

Y no solo eso, también asumirá la titularidad del Consejo Rector de Incentivos Regionales, que hasta ahora ocupaba la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, y que es la encargada de decidir sobre el destino del programa de inversiones con fondos europeos para avanzar en el reequilibrio territorial que cada año distribuye algo más de 100 millones de euros a proyectos empresariales de impacto singular.

Subraya esta lectura el hecho de que Hacienda haya decidido dotar a la Secretaría General de Fondos Europeos de una nueva Subdirección de Sistemas de Información de Fondos Europeos, que asumirá la gestión del controvertido programa Coffee y la peliaguda interlocución con la Comisión Europea «en lo relativo a intercambios y suministros de información, incluyendo la definición de normas y estándares de intercambio», que hasta ahora se venían prestando desde el gabinete técnico de la Secretaría General.

Hay que recordar que, como ha venido publicado ABC, los problemas en la puesta en marcha del programa informático que debía centralizar toda la información de todas las administraciones públicas para poder fiscalizar la adecuada ejecución de los fondos europeos, el célebre Coffee, ya le ha valido al Gobierno de España más de un tirón de orejas por parte de las autoridades europeas y estuvo a punto de desencadenar un recorte sobre el tercer desembolso de los fondos europeos, abonado finalmente a finales de marzo del año pasado.

A partir de ahora, habrá una subdirección general específica encargada de esas competencias y de la recopilación y explotación de la información estadística generada.

La reorganización ministerial impulsada por Montero reforzará también los controles internos para evitar la aparición de episodios de conflicto de interés en la asignación de fondos europeos, una de las obsesiones de la Comisión Europea, que ha observado con lupa los protocolos puestos en marcha en cada uno de los países miembro. Montero ha decidido implicar en la vigilancia de estas situaciones a la Dirección General de Costes de Personal, aligerada de competencias por la escisión del área de Función Pública con destino al Ministerio de Transformación Digital de José Luis Escrivá, que prestará el asesoramiento técnico necesario para actuar ante denuncias de este tipo de situaciones y se encargará de la gestión del Registro Estatal en el que las empresas interesadas en participar en los proyectos estratégicos con fondos europeo, los Perte, deben inscribirse para ser elegibles.

La reestructuración interna diseñada por María Jesús Montero para su tercera legislatura al frente de Hacienda deshará uno de los cambios que más llamaron la atención entre los funcionarios del ministerio cuando organizó las competencias del mismo en 2018.

En su intento por replicar casi al punto la estructura de trabajo con la que operaba en la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Montero decidió situar la Intervención General del Estado, el órgano mayor de control y fiscalización del gasto y el más importante de la estructura del Ministerio, bajo el paraguas de la Subsecretaría de Hacienda, en la que había situado a su mano derecha, Pilar Paneque.

La maniobra tuvo más sentido desde el punto de vista político y de reparto de poderes dentro del ministerio que sentido operativo, ya que el trabajo de fiscalización del gasto que realiza la Intervención tiene más sentido en el marco de la Secretaría de Estado de Presupuestos en la que se ha enmarcado históricamente, según admiten varios altos funcionarios consultados por ABC.

Seis años después, Montero ha decidido deshacer ese movimiento y devolver la Intervención General del Estado al ámbito de la Secretaría de Estado de Presupuestos, en un contexto también en el que la reimplantación de las reglas fiscales obligará a un mayor rigor en el diseño presupuestario.

Otra de las claves de la nueva estructura del Ministerio de Hacienda es que conservará el control sobre la SEPI, un asunto que se había puesto en cuestión durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en las que Sumar coqueteó con reclamar el control del hólding de empresas del Estado y también se especuló con la posibilidad de que acabara en el Ministerio de Industria de Jordi Hereu, dentro de la cuota de poder del PSC.