Montero asegura ahora que Cataluña es una comunidad autónoma «infrafinanciada»

La vicepresidenta se ha amparado para hacer esa afirmación en una métrica muy específica, la financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado, según la cual, en efecto, Cataluña se situaría por debajo de la media en términos de financiación per cápita, al igual que Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque mucho más cerca de la media (a apenas diez euros por habitante) que las regiones que exigen una compensación presupuestaria por su situación, que pierde entre 90 y 160 euros per cápita todos los años.

Otras mediciones ofrecen resultados bien diferentes. El director del 'think tank' Fedea, Ángel de la Fuente, uno de los investigadores que más ha estudiado el actual sistema de financiación, considera por ejemplo que la métrica utilizada por la ministra no es particularmente afinada, ya que ignora otros ingresos fiscales cedidos a las comunidades autónomas tras la activación del actual sistema de financiación o la financiación extra que reciben Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana o Baleares para políticas de normalización lingüística. Si se incorporan esos elementos a la medición, Cataluña se sitúa holgadamente por encima de la media, como la séptima autonomía con mejor financiación per cápita al mismo nivel que la Comunidad de Madrid

Más allá del debate técnico, la ministra de Hacienda ha decidido defender la condición de Cataluña como autonomía infrafinanciada justo después de que los diputados de Junts y ERC le recordaran los compromisos adquiridos en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y reiteraran su intención de conseguir una «financiación singular» para Cataluña y el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad autónoma.

«Hay mucho camino por desarrollar y pueden tener por seguro que el PSOE cumplirá con sus compromisos», les ha dicho la vicepresidenta, que sin embargo no respaldó expresamente ninguna de estas reivindicaciones.

Sí ha revelado que la semana que viene comenzará la reuniones con los gobiernos autonómicos para acelerar la quita de deuda comprometida con Junts y que Hacienda denomina como la asunción de deuda autonómica por parte del Estado. Será este, dijo, el primer paso del proceso para la reforma de la financiación autonómica, del que excluyó la posibilidad de crear el fondo transitorio que reclaman Page, Mazón, López Miras y Juanma Moreno.

Montero ha dicho que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal ya se planteó esa solución y que no suscitó consenso, «ni siquiera entre las comunidades autónomas del PP». También ha reiterado que la financiación autonómica en una ley orgánica y que necesita de un amplio consenso parlamentario, sugiriendo que será en el Parlamento donde se decida su contenido y no en el Consejo de Política Fiscal donde la mayoría de los gobiernos autonómicos son del PP.

La primera comparecencia de Montero ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados sirvió también para que Sumar pusiera ya sobre la mesa cuáles serán sus cartas, al menos en materia de impuestos, en la inminente negociación para la configuración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025.

El portavoz económico de la plataforma que lidera Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, anticipó que Sumar planteará acabar con la exención de IVA para los servicios educativos ofrecidos por empresas privadas, lo que no solo afectaría a los colegios privados sino también a los centros de formación o las autoescuelas.

Sumar pretende también gravar los supuestos beneficios extraordinarios no solo de los hipermercados sino de las todas las empresas enmarcadas en la cadena de valor del sector alimentario, siempre que tengan márgenes superiores a los del año 2019.

El socio principal del PSOE en el Gobierno aspira, asimismo, a que el gravamen de solidaridad se amplíe a las grandes herencias y donaciones.