Montero anuncia unos PGE con más gasto y unos «ingresos récord» pese al segundo no del Senado a sus objetivos de déficit

La decisión firme de la ministra de Hacienda de seguir adelante con sus planes presupuestarios a pesar del rechazo de una de las cámaras del Parlamento al documento que supuestamente debe servir de base para las cuentas públicas, lo que a la luz de una interpretación estricta del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria parece preceptivo para poder tramitar las cuentas públicas, augura un choque jurídico de consecuencias difíciles de determinar, pero que a buen seguro rodeará de inseguridad jurídica los Presupuestos de 2024, de salir adelante de manera efectiva.

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Bruno Pérez

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Así se lo ha recordado este miércoles a la vicepresidenta la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Eva Ortiz Vilella. «El Senado cierra hoy las puertas al abuso de poder y dice no a los objetivos de estabilidad. Y sin objetivos de estabilidad no podrán tramitar los Presupuestos, al menos si lo quieren hacer con arreglo a la legalidad", ha advertido la senadora, que ha acusado a la ministra de Hacienda de completar una maniobra ilegal al volver a someter a votación los mismos objetivos de estabilidad presentados y rechazados hace poco menos de un mes.

Hacienda continúa amparándose en un informe fantasma -nadie lo conoce fuera de las fronteras del Ministerio- de la Abogacía de Estado que supuestamente habilita al Gobierno para tramitar los Presupuestos sobre la senda de consolidación fiscal incluida en la actualización del programa de estabilidad del pasado mes de abril "sobre el fundamento jurídico de desbloqueo", ha dicho este miércoles María Jesús Montero.

Un fundamento jurídico cuya solidez no solo despierta dudas en el PP, también en otros grupos parlamentarios que sí se han mostrado favorables a dar cauce a la tramitación de las cuentas públicas como el Grupo Vasco (PNV), que ha instado a Hacienda a hacer público ese informe para reforzar la seguridad jurídica de un proyecto presupuestario que de lo contrario nacerá con serias sospechas sobre su legalidad.

Por lo demás, menos de un mes después del anterior debate en el Senado sobre la misma cuestión los argumentos variaron más bien poco. Montero ha vuelto a espetar al PP que con su posición de bloqueo limite la capacidad de gasto de gobiernos autonómicos y municipales, que con la senda de reducción de déficit de la actualización del Plan de Estabilidad dispondrán de una y dos décimas de PIB menos de margen de gasto respecto a lo estipulado en la senda del Gobierno, lo que según los cálculos del Ministerio implicará que perderán unos 5.000 millones de euros de capacidad de gasto que acabarán en las arcas del Estado.

Conviene recordar aquí, no obstante, que las administraciones públicas españolas afrontarán a lo largo de 2024 el duro desafío de reducir su déficit público en alrededor de un punto de PIB, unos 15.000 millones de euros, por la reinstauración de las reglas fiscales europeas y por el ambicioso comprometido por el Gobierno de Sánchez con Bruselas de cerrar el año con un déficit inferior al 3% del PIB, lo que es probable que convierte ese margen extra en algo más virtual que real.

Desde el PP se ha recordado a la ministra de Hacienda que si autonomías y ayuntamientos tienen menor margen de gasto en 2024 no será por disponer de una décimas más o menos de déficit sino por las apreturas que les genera el actual sistema de financiación y han acusado a Montero de saltarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria al volver a someter al Senado los mismos objetivos de déficit presentados hace un mes, esquivando la obligación legal de presentar una nueva senda y abrir un nuevo procedimiento que se estipula en la norma. "No puede estar trayendo los mismos objetivos hasta el infinito y más allá, esperando que el Partido Popular cambien de opinión. No se puede hacer, es ilegal y es una falta de respecto al parlamentarismo", le ha espetado la portavoz popular.