Miles de autónomos deben devolver las ayudas por paro cobradas en el Covid

El 14 de marzo del 2020, en plena emergencia sanitaria, el Gobierno puso en marcha la concesión prácticamente automática de una prestación extraordinaria por cese de actividad y la exención de las cuotas sociales, ya fuera por el cierre obligado para contener la propagación del Covid o por la caída de ingresos en al menos un 75% por las restricciones impuestas.

Desplegado dentro del escudo social con el que el Ejecutivo pretendía minimizar el golpe económico de la pandemia, en su momento para solicitarla solo era necesario presentar una declaración responsable del autónomo, confirmando que cumplía los requisitos exigidos. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha enviado un minucioso informe al Parlamento en el que reconoce que la ayuda extraordinaria y la exoneración de cotizaciones fue «eficaz» para mantener el empleo, pero pone patas arriba la gestión de estas ayudas después de detectar numerosos incumplimientos en la concesión de las mismas.

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En el informe remitido al Congreso y al Senado el órgano fiscalidador explica que 281.000 autónomos recibieron 505,5 millones de euros en ayudas por paro sin cumplir los requisitos legalmente exigidos o sin estar su actividad económica suspendida por la pandemia. Percepciones indebidas que el Tribunal de Cuentas atribuye a las prisas que impuso la emergencia sanitaria, aunque destaca las deficiencias en la estructura de la prestación extraordinaria, que llegó a condicionar su gestión.

«La gestión de esta prestación se ha visto condicionada, principalmente, por su escasa y poco clara regulación jurídica, circunscrita a un único artículo (17 del RDL 8/2020) que ha sido objeto de numerosas modificaciones a lo largo de tres años (los cuales han afectado, en ocasiones, a aspectos fundamentales de la prestación –dice el Tribunal– como los requisitos para su reconocimiento y a su forma de acreditación), ya sea para incorporar aspectos inicialmente no contemplados, o porque si lo fueron, fue de forma insuficiente».

Explica el órgano fiscalizador que a pesar de las sucesivas modificaciones, la regulación «se ha relevado insuficiente para su adecuada gestión, poniendo de manifiesto, en ocasiones, tanto la imprecisión de sus términos como la falta de previsión de determinados aspectos (nacimiento del derecho o causas de extinción, entre otras). Todo ello ha provocado la adopción de criterios heterogéneos por los distintos órganos gestores».

Fueron necesarias hasta siete modificaciones de la ayuda entre 2020 y 2023 lo que, según la institución, provocó «inseguridad jurídica, desigualdad de trato entre los beneficiarios y favoreció que surgieran disfunciones e ineficiencias en la gestión». El Tribunal asegura que se produjeron «criterios dispares ante idénticas situaciones de hecho, que han tenido como consecuencia un tratamiento no homogéneo y, por tanto, desigual, y han dado lugar incluso a la renuncia a la prestación por parte de algunos beneficiarios, mientras que otro colectivo, en idéntica situación, continuó percibiéndola hasta el final de su periodo de duración».

El denominado paro de los autónomos fue percibido por 1,5 millones de autónomos, el 44% de los afiliados, y la prestación media fue de 2.513 euros, mientras que el promedio por beneficiario del importe exonerado en concepto de cotizaciones ascendió a 1.007 euros. El Tribunal detecta que un total de 281.000 autónomos recibieron 505,5 millones de euros en estas ayudas sin cumplir los requisitos. Estar dado de alta en la Seguridad Social o al corriente de pago de las cuotas fueron algunos de los requisitos que, al menos, 125.000 autónomos no cumplieron y recibieron 119,5 millones.

Otros 156.000 autónomos percibieron 386 millones por cesar una actividad que, sin embargo, no estaba suspendida. A ellos se sumaron incumplimientos e incidencias relacionadas con el procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas, lo que afecta a 69.269 beneficiarios por un importe total de 41,6 millones.

Cuando el pasado mes de abril saltó la noticia de que las mutuas –por mandato de la Seguridad Social– ponían en revisión las ayudas cobradas en el primer año de la pandemia, y que comenzarían a reclamar lo cobrado de forma irregular, el hoy ministro de Transición Digital y Función Pública lo negó de forma tajante. Preguntado al respecto en el Congreso por el Grupo Popular el titular tildó la noticia de «absolutamente falsa» y de «un bulo monumental» del Partido Popular. Los hechos han demostrado lo contrario.