La Justicia británica tumba la apelación de España en un laudo por las renovables de 100 millones

Este fallo llega unos días después de una victoria española, donde consiguió tener una sentencia favorable. En este otro caso, se confirma la decisión original de la Justicia británica emitida en 2023, en virtud de la cual se obliga a España a pagar una indemnización de 101 millones de euros a los demandantes por el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que juzgó el caso bajo la cobertura del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) del que España era firmante.

Según ha podido conocer ABC en fuentes del sector, en su apelación, España argumentó que el laudo arbitral debía ser anulado por razones de inmunidad soberana, apoyándose en decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sostienen que el arbitraje entre estados miembros de la UE bajo el TCE es incompatible con el derecho de la Unión.

Sin embargo, ahora, el Tribunal de Apelación de Reino Unido rechaza esta argumentación, citando decisiones previas, y reafirma que los laudos emitidos bajo el sistema del Ciadi son vinculantes y deben ser reconocidos y ejecutados por los países vinculados a dicho tratado de arbitraje.

Esta sentencia, explican las fuentes consultadas, refuerza el compromiso del Reino Unido con el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del Convenio del Ciadi, que establece un marco legal para la resolución de disputas entre inversores extranjeros y estados. El fallo, en principio, confirma la responsabilidad de España a la hora de asumir el pago de la compensación y confirma la ejecución de la sentencia a través del embargo de bienes, que se pueden practicar salvo en el caso de activos sujetos a protección especial por inmunidad soberana.

El laudo, emitido de forma definitiva en 2019, ordenó a España indemnizar a las empresas demandantes, ambas vinculadas al sector de energías renovables, por los daños causados a raíz de los cambios retroactivos que sufrió el régimen de primas e incentivos concedidos a las energías renovables.

Este caso es uno de los más de 25 que han sido dirimidos en los tribunales internacionales de arbitraje y que han resultado en el reconocimiento de indemnizaciones por valor de 1.560 millones de euros, cifra a la que hay que sumar cerca de 325 millones de euros de sobrecostes judiciales o financieros.

Por el momento el Gobierno de España mantiene su postura de no pagar estos laudos al no reconocer la autoridad del Ciadi en este tipo de casos. Está por ver si el sustituto de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, seguirá en la misma senda, o habrá algún cambio en la estrategia.