Junts prevé votar en contra de hacer permanente el impuesto a las energéticas
Repsol, la empresa más perjudicada por el tributo, está frenando inversiones
Desde el sector advierten de que si el impuesto sale adelante de esta forma, el Gobierno estará poniendo en peligro la transición energética
El impuesto a las grandes energéticas, que nació como un gravamen temporal, ahora está en fase de convertirse en permanente. El Ejecutivo trabaja en ello con las empresas afectadas en contra y, ahora también, con sus socios políticos cuestionando la decisión, principalmente Junts. Fuentes ... de las grandes compañías del sector explicaron a este periódico que están a la espera de que el Gobierno anuncie la decisión respecto al impuestazo. Precisamente, el periodo de enmiendas finaliza el miércoles 23, si bien se pospone una vez más. De hecho, según ha podido saber ABC, el plazo se ha ampliado una semana más, hasta el miércoles 30, si bien urge que la decisión se tome antes de que finalice 2024 para no incumplir la normativa europea.
El Gobierno, continúan las fuentes, confía presentar entonces una enmienda con la decisión, pero incluirla en otro proyecto de ley por el que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, por lo que España ya ha recibido un 'toque de atención' desde Bruselas, por no haberla transpuesto aún.
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Ahora bien, fuentes políticas adelantan a ABC que el Gobierno no las tiene todas consigo para hacer definitivo este impuesto. La propuesta necesita el voto a favor de PNV y Junts, que a su vez tendrían que dar cuenta a sus votantes, y explicar que las grandes empresas en el País Vasco y Cataluña bloqueen sus inversiones por culpa de esa tasa permanente. Por ejemplo, en el caso de Repsol, se pondrían en peligro la construcción de una ecoplanta de transformación de residuos sólidos urbanos y un electrolizador de 150 MW en Tarragona –una inversión de unos 1.000 millones de euros–; y en el País Vasco, otro proyecto electrolizador de 100 MW o la que tiene en Cartagena.
Las fuentes aseguran que hasta hoy mismo, la decisión del partido liderado por Carles Puigdemont es votar en contra, que no apoyará al Gobierno para hacer permanente el impuesto a las energéticas, razón por la que Moncloa ha ampliado el plazo de las enmiendas, para presionar y buscar 'cromos' con los que ganarse el voto de Junts y de PNV.
Sea como fuere, desde el sector advierten una vez más de que si el impuesto permanente sale adelante, el Gobierno estará poniendo en peligro la transición energética, el futuro descarbonizado que dibujan en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) que, por cierto, contempla que el 83% de las inversiones para descarbonizar España procedan precisamente de la iniciativa privada. «Este impuesto es discriminatorio ya que hay quien lo paga y quien no; no se atiene a la normativa europea; y detrae recursos que se podrían emplear en la transición energética», recuerdan desde una gran eléctrica española.
Según datos oficiales, el Estado ha ingresado por el gravamen a las empresas energéticas 1.164 millones de euros en 2024. Este impuesto se aplica a los grandes operadores del sector energético, incluidos aquellos dedicados a la producción de petróleo, gas natural, minería de carbón o refinado de petróleo. Al igual que el gravamen a la banca, la base imponible es el importe neto de la cifra de negocios, sobre el cual se aplica un porcentaje del 1,2%. Solo se ven afectadas empresas cuyo volumen de negocio en 2023 derive en un 75% o más de su actividad en el sector energético.
En 2024, Repsol, la más perjudicada por este impuesto, contabilizó en su resultado bruto de explotación el pago de 335 millones por el impuesto extraordinario a las energéticas, un 24% menos que los 443 millones del año pasado. Endesa ha pagado 200 millones en promedio cada año; Cepsa, 323 millones en 2023 y 243 en 2024; Iberdrola, en 2023, pagó más de 200 millones y prevé una cantidad menor este año, tanto como el resto de compañías ya que se trata de un impuesto sobre la facturación, y al haber caído tanto el precio de la energía, será necesariamente menor cantidad; y Naturgy, que en 2023 pagó 165 millones, que será menos en 2024.
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