Reforma fiscal

Y todavía tienen menos sentido cuando introducimos en el análisis el punto de partida. Este año va a ser récord de recaudación. Se van a recaudar sesenta mil millones de euros más que lo recaudado en 2019. Y, sin embargo, el déficit público va a cerrar el año en torno al 3% del PIB que era más o menos donde estaba entonces. No parece que estos últimos años el Gobierno haya sido especialmente diligente. No han revertido el incremento de gasto extraordinario que se llevó a cabo como consecuencia de la crisis. Por lo tanto, no parece que el problema sea de ingresos. Y esto es todavía más evidente cuando tenemos en cuenta que España es de los países con tipos marginales más altos en todos los impuestos.

Frente al argumento tan sobado por el Gobierno de que los ingresos públicos en España referidos al producto interior bruto están por debajo de los comparables europeos, hay que enfatizar que llegamos a esa cifra con los tipos impositivos más altos tanto a personas físicas como jurídicas. Así que no solo somos caros sino que también somos ineficientes fiscalmente hablando.

El problema de diagnóstico en este caso es evidente. Algo que se magnifica cuando, como consecuencia entre otras cosas de la precariedad del Gobierno, se utiliza la política fiscal como arma arrojadiza. No parece que la arbitrariedad sea la mejor consejera a la hora de orientar las políticas fiscales.

Tampoco parece que en las circunstancias actuales se puede enderezar el rumbo. Llegados a este punto, probablemente lo deseable sería que, en lo que pueda quedar de legislatura, no tocaran nada más. Los eslóganes, las consignas y la extorsión no son los mejores ingredientes de nada y menos que nada, de políticas fiscales. Los últimos envites desde luego que no han sido inocuos en términos de seguridad jurídica por lo que, mientras dure -que esperemos un lunes más que no sea mucho-, se quede como está.