Llamad a Pedro Lanseros

Buenaventura dio ayer en el Congreso una cifra que los españoles deberían retener: según cálculos oficiales de la UE, en la próxima década las empresas españolas deberán invertir unos 50.000 millones adicionales cada año «para poder abordar la transformación digital, la descarbonización y el previsible incremento de la inversión en defensa». Estamos hablando de 500.000 millones en diez años que hacen palidecer los 70.000 millones del programa Next Generation que todavía están atascados en las tripas del Estado y que Carlos Cuerpo tiene enormes dificultades para gestionar y hacer llegar a la economía real.

Ni el Estado ni la banca tienen la capacidad para financiar íntegramente esta cantidad. «Por tal razón, es fundamental que adoptemos como prioridad la potenciación del ahorro a largo plazo en instrumentos financieros de los españoles y la atracción de más compañías a que capten recursos directamente en los mercados, como complemento del crédito bancario», añadió el presidente de la CNMV.

Lo que el supervisor está demandando es una reforma profunda e inteligente del mercado de capitales, no tanto desde el punto de vista de la supervisión o de la estabilidad financiera, sino de la competencia y la innovación en los productos de inversión, y, sobre todo, «una política fiscal estable sobre el ahorro» que ponga fin al castigo y las penalizaciones tributarias que se le ha impuesto al mismo. La actual situación no sólo es fruto de la crisis financiera que tuvimos a partir de 2008, sino de la desconfianza hacia la actividad financiera de muchas de las personas que han dirigido la economía española en los últimos doce años. Hay un sesgo poco amistoso hacia las finanzas y el mercado de capitales que, algunos políticos poco criteriosos creen que no es más que una versión trajeada de las apuestas deportivas.

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Buenaventura no pudo ocultar en su intervención que no ve la necesidad de una autoridad de defensa del cliente financiero como la creada por el Gobierno en diciembre de 2022 y que ahora está tramitando el Congreso. Argumentó que, en primer lugar, la situación de las reclamaciones de los inversores españoles «destaca por su absoluta falta de conflictividad». En media de los últimos cinco años (2019-2023), se han tramitado unas 780 reclamaciones al año lo que significa que sólo uno de cada 21.000 clientes tiene un problema que requiere una queja en la CNMV. El número de ciudadanos que, al final de dicho proceso no obtiene satisfacción y debe acudir a los tribunales fue de 57 en toda España durante 2023.

Buenaventura atribuyó esta baja conflictividad al hecho de que «la supervisión preventiva de la CNMV es muy intensa y muy detallada». La nueva autoridad se financiará con una tasa de 250 euros por denuncia, así que supone un coste adicional -otro más- que terminará repercutiendo en las comisiones de administración de valores y que pagarán los inversores. Lo dicho, este Gobierno necesita llamar a un experto en reformas ya. jmuller@abc.es