Un fallo del Estado

Ahora que estamos viendo cómo el Estado naufraga en España, no sólo con la DANA o con las andanzas de Víctor de Aldama, sino por la dramática perversión que supone el uso político de las instituciones para asaetear a un particular que ha tenido la pésima idea de vincularse sentimentalmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras tenía un pleito con Hacienda, son muy pocas las voces que desde el mundo económico se han pronunciado sobre lo que nos pasa. A nadie parece importarle un Estado que padece obesidad en ciertas áreas y raquitismo en otras, que se propaga hacia el mundo de los negocios sin más justificación que sus caprichos 'estratégicos' y que cada vez es menos transparente y se refugia detrás de la excusa pseudotecnológica de la 'cita previa'.

Desde que Pedro Sánchez patrocinó la coalición con Podemos, tras descubrir en noviembre de 2019 que tenía techo en las urnas, se sospechaba que la Administración del Estado iba a ser un campo de batalla. Llegaban los de Podemos convencidos de que vencer en las urnas permitía saltarse los procedimientos. Nadie esperaba que el PSOE cayera en lo mismo. No deja de ser curioso que aquellos que han mostrado los mayores escrúpulos a la hora de servir a Sánchez hayan sido precisamente altos funcionarios. He apuntado el papel jugado en muchas ocasiones por Margarita Robles y no puedo olvidar el gesto de disgusto de Pilar Llop, cuando era ministra de Justicia, y tuvo que referirse al engendro del 'solo sí es sí' en una sesión de control en la que acabó desechando el argumentario oficial. ¿Por qué la señora Llop no es comisaria europea? Y ahora, de manera torpe, pero sin duda movido por sus escrúpulos, he de añadir el nombre de Juan Lobato, técnico de Hacienda. Claro que hay una excepción que confirma la regla: Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, cuyas lealtades perrunas merecen tratamiento aparte. jmuller@abc.es