Los inspectores de Hacienda tildan de «inconstitucional» el cupo catalán y avisan de que aumentaría el fraude fiscal

«La cesión del 100% de los tributos a Cataluña no tiene ninguna cobertura legal ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), ni en las normas de desarrollo», ha apuntado este lunes el vocal de la asociación, José María Peláez, que ha analizado las consecuencias jurídicas y económicas de la pretendida soberanía fiscal de Cataluña: «Si esta comunidad, que representa el 20% del PIB, deja de dotar de fondos al Estado, las comunidades autónomas van a recibir menos importe y los ciudadanos van a estar peor financiados, va a haber menos servicios…», ha enumerado. 

Los inspectores de Hacienda han estudiado la propuesta de reforma de la financiación catalana del ejecutivo de ERC, que se inspira en modelo fiscal vasco y navarro (contemplados en la disposición adicional primera de la Constitución), y que pretende que Cataluña pueda liquidar, gestionar e ingresar el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio. El 20% del PIB que representa Cataluña choca con el 6-7% de País Vasco y Navarra: «El agujero sería mucho mayor».

Según los cálculos incluidos en la propuesta la Generalitat, ha detallado Peláez, «la recaudación pasaría a 52.000 millones, duplicando el volumen de ingresos al que llegan actualmente». «Si Cataluña se queda con el 100% de los impuestos, estaría privando al Estado de dotar los fondos para lograr una cohesión social y territorial, entre todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos del territorio nacional», ha dicho, insistiendo en que el modelo propuesto por el Ejecutivo que dirige Pere Aragonès establece la desaparición de la AEAT en Cataluña y contempla el «traspaso» de los medios materiales, humanos y económicos a la agencia catalana. Un traspaso del que los inspectores de Hacienda en esta comunidad, 5.000 funcionarios, tampoco tienen información ni conocen si, en el caso de aprobarse la medida, podrían trabajar en otra parte de España.

El posible aumento del fraude fiscal y la imposibilidad de perseguirlo como hasta ahora preocupa también a estos expertos. La vicepresidenta de los inspectores de Hacienda, Teresa Benito, considera que la separación de Cataluña del sistema actual pondría también en riesgo «el gran activo» de la Agencia Tributaria, que es, a su juicio, el sistema de información y la base de datos que permite que la lucha contra el fraude «sea mucho más eficaz».

En esta línea, la lucha contra el fraude «se basa en un sistema de información tributaria unificado lo más completo posible. Romper este sistema iría en deterioro de todos los ciudadanos», ha alertado Benito, detallando que, «si se fracciona la Hacienda catalana, perderíamos toda la información de las empresas que están ahí». Según los datos que manejan los inspectores, Hacienda recauda unos 15.000 millones de euros anuales en actuaciones de control. «La tendencia en Europa es totalmente contraria a la fragmentación de la inspección», ha insistido.

La postura del Gobierno central, que en los últimos días se ha puesto de perfil a la hora de valorar la viabilidad de la propuesta catalana, también es rechazada por los inspectores. «No se oponen frontalmente, dicen medias verdades», han apostillado.

Preguntado de forma expresa por este proyecto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, optó hace unos días por no pronunciarse sobre la propuesta en sí y sustanciar la cuestión con una reflexión general sobre que cualquier reforma del actual sistema de financiación autonómica debe surgir del diálogo entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda.