Los desajustes de la rebaja fiscal del Gobierno alientan una desbandada de declarantes de IRPF

«Si hasta 2022 había varios millones de españoles que obtenían rentas en el IRPF y no presentaban declaración, ahora previsiblemente habrá más porque habrá más contribuyentes que, si presentasen la declaración, no teniendo obligación de hacerla, tendrían que pagar varios cientos de euros», advierte el informe, elaborado por Carlos Victoria, consultor del Banco Mundial en temas relacionado con protección social, y Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de varios libros sobre política fiscal.

Se refieren, en concreto, a la distorsión que se genera por el hecho de que la retención en nómina que se aplica entre los 15.000 y los 21.200 euros según la normativa del IRPF se sitúe por debajo de la cuota fiscal que habría que pagar en caso de hacer la Declaración de la Renta. Esa brecha fiscal hace que para todos los contribuyentes con rendimientos situados dentro de esa horquilla sea mucho más barato no presentar la Declaración de la Renta -que no es obligatoria salvo para los que perciban rendimientos por encima de los 22.000 euros- que hacerlo, porque en tal caso tendrían que pagar una factura fiscal mayor a la que se deriva de las retenciones en nómina que se la han ido practicando durante el año.

Los autores ilustran el fenómeno con el caso extremo de un contribuyente soltero y sin hijos con una renta de 15.000 euros anuales, que en el nuevo marco normativo no está sometido a retención (se ha elevado ese umbral de los 14.000 a los 15.000 euros, también para adaptarlo al nuevo SMI), pero que en el caso de presentar la Declaración de la Renta tendría que abonar 387 euros por la aportación marginal que le corresponde por el IRPF. La lógica financiera indica que optará por no declarar.

La reforma del Gobierno ha agravado un fenómeno que ya se observó tras la aprobación de la reducción especial sobre los rendimientos del trabajo en 2018, con el Gobierno del PP, salvo que en ese caso se limitaba a las rentas de menos de 18.000 euros y con la reforma del Gobierno de Sánchez el desajuste se amplía hasta los contribuyentes con rendimientos de hasta 21.200 euros Hablamos de un tramo de renta en el que se ubican más de cuatro millones de declarantes.

No es la única distorsión que el informe aflora en el modo en que el IRPF trata a las rentas medias y bajas. También concluye que la actual configuración del impuesto penaliza las mejoras laborales y salariales de las rentas medias y bajas, ya que Hacienda llega a quedarse hasta con el 43% de las mejoras retributivas que experimentan en el curso de un mismo ejercicio fiscal. Es el célebre error de salto del Impuesto de la Renta que provoca, por ejemplo, que si un contribuyente con unos ingresos anuales de 16.000 euros tuviera una mejora salarial del 5% pasaría de tener un tipo efectivo del 5,37% y de pagar 859,20 euros por IRPF a pagar un tipo efectivo del 7,16% y pagar 1.202,88 euros en impuestos, lo que arroja un tipo marginal para esa ganancia salarial del 43%, en línea con el que se aplica a las grandes rentas. El resultado es que una subida salarial bruta del 5% se quedaría en una subida salarial neta del 2,85%, lo cual es particularmente perjudicial en un entorno de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, como resaltan los autores del informe.

El problema se agrava si esa mejora salarial viene derivada de un cambio de trabajo porque en ese caso las rentas por debajo de 21.000 euros no se pueden acoger a la posibilidad de no declarar y se verán afectadas tanto por el incremento de las retenciones como por la distorsión que hace que estas se sitúan por debajo de la cuota fiscal correspondiente, con lo que le impacto fiscal es todavía más elevado.

El asunto deriva según los autores en un grave problema de equidad horizontal porque resulta en una situación en que contribuyentes con la misma renta se ven obligados a abonar una factura fiscal superior por el mero hecho de haber tenido dos pagadores, lo que les sujeta a la penalización fiscal por declarar que emerge de la actual configuración del IRPF, o por circunstancias completamente aleatorias como haber vendido un vehículo usado con una pérdida de valor, que también obliga a declarar. De nuevo, la situación es particularmente injusta porque no se da en los tramos de contribuyentes obligados a declarar.

El informe resalta también que este desincentivo a hacer la Declaración de la Renta tiene otros perjuicios asociados como no tener bajo control a rentas bajas que podrían ser susceptibles de recibir ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital u otras que se pudieran idear en el futuro en forma por ejemplo de impuestos negativos sobre la renta.