CAMPIÑA
El documento recoge inversiones con dinero propio del Consistorio por 760.774 euros
foro abc
El presidente andaluz compara los efectos de su modelo con la «voracidad fiscal» que atribuye al Gobierno de España
Hacienda estima que la congelación de la financiación autonómica supone 185 millones de euros al mes y reclama el 30% del coste de la reducción de los precios del transporte público
Incluye novedades en el pago de la tasa de basuras y en el de vehículos
Aseguran que con una Agencia Tributaria fragmentada aumentará el fraude fiscal y se recaudará menos
El presidente autonómico compara este rigor fiscal con su política de 'impuesto cero' aplicado a los fondos de la Generalitat para los damnificados
Las partidas de fondos aumentan en su conjunto un 13,3% y destinan más de 163 millones de euros a atender a los municipios
El Gobierno ofrece financiar el 30% a las administraciones que aporten al menos un 20% adicional. La Junta está analizando el impacto económico para el primer semestre de 2025
Se trabaja para que sea efectivo en 2025 y tendrá el límite de 5.000 euros
Ignacio Marco-Gardoqui
En este espinoso y complejo asunto de los impuestos a las empresas energéticas, el final de año ha sido glorioso
John Müller
El sector público ingresa mucho más por nuestros impuestos, pero no es más eficiente a la hora de gastarlo
sevilla
Jorge Paradela y José Luis Sanz han avanzado el importante congreso de industria que posicionará en 2025 a la ciudad como un referente dentro del sector
El Congreso acepta una enmienda de Junts que permitirá a los clubes profesionales ahorrarse las cuotas sociales de sus entrenadores de base que no cobren un sueldo
La Federación de Municipios insiste en que «viola la autonomía municipal»
Una enmienda de Junts y PP sale adelante por la ausencia de uno de los diputados socialistas, que evitó que el Ejecutivo pudiera hacer uso de su capacidad de veto
El Gobierno andaluz establece por decreto las medidas que llegan a 445 municipios para que se puedan ejecutar antes del 31 de diciembre
Advierten de que si el Gobierno demora como sucedió en La Palma la transferencia de recursos generará un grave problema de caja a los consistorios de la zona
