Los impagos del Gobierno de los laudos por las renovables le cuestan 250 millones de euros a los ciudadanos
Los intereses por la demora en el pago suponen de momento 119 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar 129 millones de euros por las condenas en costas y los honorarios de abogados
Las 65.000 familias españolas afectadas por los recortes a las renovables piden a Sánchez que acabe con su «vergonzoso escarnio»
La estrategia del Gobierno de negarse a pagar los laudos internacionales que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables está generando importantes sobrecostes económicos, en concepto de intereses financieros y de gastos judiciales que alcanzan actualmente casi 250 millones de euros, según fuentes conocedoras de los arbitrajes internacionales.
Los intereses por la demora en el pago de los laudos a favor de los inversores extranjeros le cuestan de momento a nuestro país 119 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar 129 millones de euros por las condenas en costas y los honorarios de abogados. En total, España se ha gastado casi 250 millones de euros.
Teniendo en cuenta que los procedimientos resueltos suman 1.161 millones de euros, «estamos hablando de un monto equivalente al 21% de la cantidad original», apuntan las citadas fuentes.
«Además, creemos que el monto total pendiente de indemnizar va a subir a 2.200 millones de euros cuando el Banco Mundial termine los casi 20 procedimientos que siguen en el aire. Si se mantiene esta estrategia, parece probable que acabemos soportando 500 millones de euros de sobrecostes legales y financieros«.
Como hemos informado, el Estado español ha sido condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones a diversos inversores extranjeros que denunciaron en distintas cortes de arbitraje internacionales los recortes llevados a cabo por el Gobierno en 2014 a la rentabilidad prevista para las plantas renovables.
«Esta circunstancia genera inseguridad jurídica y afecta directamente a la capacidad de España de atraer capital, incentivar la inversión y fomentar la actividad y el empleo. Esto es especialmente acusado en el campo de la energía, donde la financiación de la llamada transición ecológica requiere una gran movilización de recursos económicos», subrayan los afectados.
Además, los procesos de embargo e incautación de bienes del Reino de España han puesto de manifiesto que, en última instancia, «prolongar la agonía de las empresas e inversores afectados no va a servir para nada». La intervención de la indemnización por la catástrofe del Prestige, el embargo de la sede británica del Instituto Cervantes, la toma de un edificio de la Generalidad de Cataluña en Londres, la incautación de una cuenta bancaria o la declaración de 'default' técnico que ya afecta a 1.000 millones de deuda soberana española son solo algunos ejemplos de las medidas que están en marcha en Reino Unido. Próximamente se esperan pasos similares en otros países como Australia, donde la Corte Suprema ha sido clara en su condena a España, abriendo el camino a la activación de nuevos embargos.
«Continuar con la estrategia de impagos seguirá elevando el coste en concepto de intereses financieros, resultará en embargos de activos que compensen las cantidades pendientes de ser resarcidas y elevará el perfil de riesgo de la economía española. Las empresas e inversores afectados hacen un llamado a la sensatez, reiteran su compromiso con el diálogo y vuelven a tender la mano al gobierno, con ánimo de restaurar el imperio de la ley y resolver el problema a la mayor brevedad«.
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