El IEE desconfía del plan de Sánchez y pide tirar de propietarios y grandes caseros para sumar alquileres baratos

En un informe titulado 'La colaboración público-privada y el reto de la vivienda', el 'think tank' de CEOE apunta a que se necesitan movilizar grandes cantidades de recursos financieros y de suelo público finalista en los próximos años «para cumplir con las necesidades de oferta de vivienda pública destinada al alquiler social», como también se reconoce en la ley de Vivienda. Pero cree que, además de ello, «es mandatorio incorporar fórmulas de colaboración público-privada junto con planes que pongan a disposición de la Administración vivienda ya existente de segunda mano».

«Es necesario que la normativa en materia de vivienda recoja un modelo de colaboración público-privada explícito basado en experiencias europeas y que fomente a través de un programa específico la puesta a disposición de viviendas tanto de pequeños propietarios, como grandes tenedores (fondos de inversión, entidades de gestión de activos, fondos de capital riesgo y fondos de titulización de activos) para su alquiler como vivienda asequible o social», se apunta en el análisis.

El IEE cree que los inversores institucionales y las empresas inmobiliarias favorecen el incremento de la profesionalización del mercado del alquiler, y «promueven» importantes mejoras en la eficiencia, además de reducir los costes de gestión y búsqueda de viviendas de alquiler. «Por tanto, la solución no puede pasar por penalizar, precisamente, a quienes pueden contribuir a resolver el problema de la vivienda en España, sino por todo lo contrario, por promover su participación para que el mercado de alquiler pueda beneficiarse de una mayor profesionalización y eficiencia», señala en el documento.

En este sentido, la propuesta del servicio de estudios económicos de la patronal empresarial pasaría por elaborar un modelo en el que los propietarios cedieran sus inmuebles en arrendamiento por un plazo mínimo de 25 años a las comunidades autónomas donde radiquen, para su subarriendo a un precio inferior de un mínimo del 20% respecto a lo que marque en esa zona el índice de referencias de precios de alquiler que el Ministerio de Vivienda pretende publicar este mes.

Para dar seguridad a los propietarios, el IEE apunta a que podrían contar con un contrato de alquiler con aval público (ICO o Tesoro Público) y el Estado podría, a su vez, movilizar decenas de miles de viviendas para familias vulnerables (incluido viviendas ocupadas) de forma inmediata y solo desembolsando un alquiler. «Se trata de una medida poco onerosa para las arcas del estado, que puede combinarse también con aportaciones de las familias».

Así las cosas, el IEE cree que los esfuerzos de la Administración tienen que ir focalizados a las casas en alquiler y no a la construcción de vivienda protegida como ha ocurrido históricamente en España. El plan del Gobierno de Sánchez de destinar 184.000 viviendas está bien encaminado a ese fin, pero el IEE cree que es «demasiado ambicioso». «La construcción anual de obra nueva en régimen libre en la actualidad alcanza apenas las 100.000 viviendas: supondría construir 46.000 viviendas sociales al año en los próximos ejercicios», subraya el equipo económico de la CEOE.

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Daniel Caballero

En España, el alquiler social solo representa un 2,5% del parque total de vivienda frente al 9% de la media UE y muy lejos de países como Holanda que tienen el 30%.

En el mismo documento, el IEE también apunta a que la sobrerregulación que hay en el sector, con límites de precios y prohibición de los desahucios, no ayuda a arreglar el problema de oferta que hay en el mercado del alquiler y recuerda que España ocupa un lugar muy bajo en el ranking de países OCDE en materia de protección de los derechos de propiedad.

En concreto, nuestro país ocupa el puesto 22 de 37 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad elaborado por Property Rights Alliance, puntuando un 1,5% por debajo de la media OCDE y un 4,2% por debajo de la media de la UE. Donde España sale más penalizada es en el entorno legal y político, y en la protección de la propiedad física, «donde ha permanecido entre los diez países con peores resultados durante el periodo analizado (2019-2022)», apunta el IEE.