Hacienda reconoce ahora que pudo perder los 6.000 millones del tercer pago de los fondos europeos

Cuestionado por el órgano consultivo sobre las razones de la utilización del trámite de urgencia para aprobar una actualización que estaba pendiente desde al año 1991, Hacienda confesó al órgano consultivo que de no haberla aprobado antes del 11 de febrero -se aprobó el día 9, se publicó en el BOE el 10 y entró en vigor el mismo día 11-, «se incumpliría uno de los hitos cuyo cumplimiento se exige para recibir los fondos y que dicho incumplimiento podría determinar, o bien la no recepción de los mismos, o bien que se reciban en una cuantía sustancialmente menor», según se recoge en el dictamen del Consejo de Estado sobre la orden ministerial que acaba de hacerse público hace unos días.

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La admisión explícita de ese riesgo por parte del Ministerio de Hacienda es relevante desde la perspectiva de que justifica a ojos del Consejo de Estado la utilización del trámite de urgencia para la aprobación del nuevo listado de paraísos fiscales. «En estas circunstancias, y a la vista de las importantes consecuencias que puede tener la no aprobación en tiempo del listado, el Consejo de Estado considera que concurren las razones suficientes que justifican la urgencia de la tramitación y que esta ha sido efectivamente acreditada», concluye el dictamen.

El Gobierno, sin embargo, fue mucho menos explícito cuando el asunto saltó al debate público. En esos días se negó que hubiera riesgo de que Bruselas congelara el tercer pago de los fondos europeos a España y se utilizó hasta la saciedad un hilo en redes sociales de una portavoz de la Comisión Europea en la que básicamente se decía que Bruselas no había tomado ninguna decisión a esa fecha sobre congelar los fondos a España y que la evaluación se haría en su momento.

La Comisión acabó aprobando el tercer desembolso de 6.000 millones de euros a España el 17 de febrero, casi 50 días después del supuesto plazo límite para cumplir los hitos, fijado inicialmente el 31 de diciembre, en buena medida porque Hacienda se decidió a aprobar por la vía rápida el nuevo listado de paraísos fiscales tras el rechazo de las autoridades europeas a aceptar el planteamiento del Gobierno de que el hito estaba cumplido con el mero hecho de prever la aprobación de ese listado en la ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal.

La información trasladada por Hacienda al Consejo de Estado reconoce que la Comisión Europea les transmitió que el cumplimiento del hito dependía «entre otros asuntos, de actualizar de forma efectiva la lista de paraísos fiscales por medio de la aprobación de una orden ministerial» y que el trámite legislativo se realizó con la máxima celeridad «dada la importancia que la recepción de los 6.000 millones de euros tiene para la recuperación de las economías domésticas y empresariales del país».

Cumplir con la Comisión Europea y asegurar la recepción de los 6.000 millones de euros del tercer desembolso de los fondos europeos tuvo también sus costes, principalmente en forma de falta de garantías para los principales afectados por la orden ministerial: contribuyentes y países y jurisdicciones incluidos en la lista.

El Consejo de Estado acepta las razones esgrimidas por Hacienda para justificar la tramitación urgente de la orden ministerial, pero destaca la falta de garantías de todo el proceso.

Critica en primer lugar que un listado que llevaba desde el año 1991 sin actualizarse a nivel legislativo, pese a las constantes entradas y salidas de países en el mismo en función de su mayor o menor colaboración con la administración tributaria, se halla tenido que actualizar por vía de urgencia, sobre todo cuando había una norma de 2017 y otra de mediados de 2021 (la ley antifraude) que lo preveían.

También que se haya hecho por orden ministerial cuando el último listado se había aprobado por real decreto, lo que rebaja su rango normativo. Y sobre todo que no se haya dado la oportunidad ni a los contribuyentes ni a los países afectados de formular aportaciones en un proceso de consulta pública. Ignorar este paso ha provocado alegaciones a la norma de empresas como Repsol y de jurisdicciones como Guernsey.

El Consejo de Estado entiende que Hacienda debería haber explicado con todo lujo de detalles los motivos por los que los países o jurisdicciones están incluidos en lista, especialmente en los casos de países y jurisdicciones que no figuran ni en el listado europeo ni en el de la OCDE, pero que sí aparecen en el listado español. Entiende que también debería regularse el cauce para que esos países dejen de ser considerados como jurisdicciones no cooperativas, algo que no se aclara en la norma.