El gravoso fiasco de la millonaria lucha del Gobierno contra la desigualdad

Y así lo ha hecho el Banco de España, que en un reciente informe retrató con datos el carácter escasamente focalizado hacia los más vulnerables de los sucesivos paquetes de ayudas y concluyó que en lo que a luchar contra la desigualdad se refiere se podrían haber obtenido los mismos, sino mejores, resultados gastando la mitad o incluso la cuarta parte de lo empleado, y disponiendo un cheque para hogares vulnerables no de 200 euros, como el aprobado por el Gobierno, sino de 375 o incluso de hasta 860 euros.

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En una línea similar se manifestaba hace poco más de diez días otro informe del 'think tank' Fedea, que concluía que con un esfuerzo presupuestario sensiblemente inferior al realizado se podría multiplicar por tres el apoyo prestado a los hogares más vulnerables, únicamente revirtiendo las rebajas generalizadas del IVA a la luz, el gasto y determinados alimentos de consumo habitual de las que se benefician más los hogares más acomodados que los más vulnerables.

Tanto Fedea como Banco de España han subrayado la escasa eficiencia del fenomenal esfuerzo presupuestario realizado para conseguir los objetivos planteados, pero es que además la apuesta gubernamental ha resultado ineficaz a la hora de atajar la desigualdad. El Banco de España concluyó que en conjunto este paquete de medidas ha tenido un impacto positivo mínimo sobre la desigualdad. Un informe de la consultora de análisis económico Freemarket, al que ha tenido acceso ABC, es aún más crítico y asegura que toda esta red de seguridad tejida a golpe de millones por el Gobierno no ha impedido ni que aumente la desigualdad ni las personas en riesgo de pobreza en España en 2022.

«El coste presupuestario de las medidas adoptadas por el Gobierno no guarda proporcionalidad alguna con los beneficios percibidos por los hogares situados en los escalones más bajos de la distribución de la renta», asegura el informe.

Según las proyecciones que la consultora ha realizado a partir de los datos disponibles hasta la fecha, el porcentaje de ciudadanos en situación de carencia material severa -el que se tiene como el indicador más afinado para medir el porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza en un país- habría repuntado en 2022 por tercer año consecutivo y se situará en el 7,5%, su mayor nivel de la última década. También habría subido hasta el 28,3% el porcentaje de población que cumple al menos uno de los tres criterios fijados para considerar que una persona está en riesgo de pobreza.

Los analistas de la consultora lamentan que el Gobierno haya perdido la oportunidad de focalizar mejor sus medidas y de utilizar mejor el torrente de recursos públicos aplicados para corregir la tradicional insuficiencia de las ayudas públicas en España para reducir el riesgo de caer en la pobreza de sus ciudadanos. «España es junto a Italia el estado europeo (de entre las grandes economías del euro) en el que el sistema de asistencia social contribuye menos a reducir el porcentaje de la población en riesgo de pobreza, antes y después de la contracción económica generada por la pandemia», asegura el informe, que contradice el relato del Gobierno sobre el mayor apoyo que habrían recibido los ciudadanos en esta ocasión respecto a la gestión de la crisis financiera.

El informe de Freemarket recalca que la acción del Gobierno no ha sido capaz de compensar hechos como que la inflación haya impactado más sobre el 30% de los hogares más vulnerables (inflación media soportada del 11,3%) que sobre el 30% de los hogares más acomodados (9,7%) o de que España haya sido el país de la UE en que más ha caído la renta disponible.

La respuesta más directa del Gobierno ha sido la aprobación de un cheque único de 200 euros para familias vulnerables, que tres meses después de su aprobación aún no se ha empezado a abonar y que según Fedea o el Banco de España podría haber tenido una cuantía de hasta 860 euros si las ayudas se hubieran enfocado mejor.

Dos meses y medio después de su activación y a quince días de que se cierre el plazo para solicitarlo, el Gobierno ha cifrado en 1,8 millones el número de solicitudes, sobre los 4,2 millones que espera tramitar.

«Llama la atención que el Gobierno haya sido mucho más meticuloso a la hora de pagar un cheque de 200 euros a hogares vulnerables que 20 céntimos por litro de gasolina a todos los conductores con independencia de su renta y con un coste mucho mayor», subraya Marcel Jansen, investigador de Fedea, en relación a la peculiar política de ayudas del Gobierno.

Otro ejemplo ha aflorado la semana pasada con la polémica por el cobro por parte de un consejero de la Comunidad de Madrid y de la candidata de Mas Madrid al Gobierno regional de los bonos sociales que reducen el precio de la luz y el gas por su condición de familia numerosa. La vicepresidenta Teresa Ribera salió enseguida a anunciar una modificación legal, que no abordó en las múltiples reformas que ha realizado en ese dispositivo en los últimos años y que en ningún caso han ajustado la ayuda a familias numerosas a criterios de renta.