El Gobierno ultima otra petición de fondos europeos en la que espera el 'ok' a la reforma de pensiones

Así lo confirman fuentes oficiales consultadas por ABC que explican que la publicación del estudio del impacto financiero sobre las medidas adoptadas en materia de Seguridad Social, lanzado este pasado martes, era una condición ineludible de cara a aprobar el examen de Bruselas. Más allá, de que la Comisión entienda como válidas las proyecciones sobre el gasto en pensiones e ingresos potenciales incluidos en el documento. Un plácet que, sin embargo, confían en recibir desde el gabinete del ministro de Seguridad Social en funciones, José Luis Escrivá, que asegura haber compartido estas cifras sobre la coyuntura financiera del sistema con las autoridades comunitaria previamente, para asegurarse el visto bueno definitivo.

Cabe recordar, además, que el Gobierno en funciones sí estaría habilitado para la solicitud de los fondos europeos, aunque desde el Gobierno confían en que la aprobación de este tramo se produzca en un tiempo prudencial que permita su incorporación en una eventual aprobación de los Presupuestos de 2024 al tiempo que se gesta la investidura del candidato socialistas, Pedro Sánchez, evitando así la prórroga de las cuentas para el próximo ejercicio. Precisamente, uno de los aspectos que habría ayudado a despejar la incógnita de este cuarto tramo de ayudas -ya se han recibido 37.000 millones de euros de los 69.000 que se le concedieron a fondo perdido- fuertemente vinculado a la evaluación de la reforma de las pensiones es de la introducción de una palanca automática de ajuste de gasto en pensiones llegado el caso en el que se ensanche el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.

Esta cláusula de cierre, como se conocer al mecanismo de ajuste automático, prevé obligar al Gobierno de turno a tomar medidas ya sea por el lado del gasto en pensiones o de los ingresos del sistema si persiste o se amplían los desequilibrios que se generarán de forma inevitables en las próximas décadas en las que una población en edad de trabajar más estrecha -afectada por los actuales bajos niveles de natalidad- deberá costear las prestaciones de una población jubilada cada vez más amplia.

Sin embargo, según recoge la Seguridad Social en el escenario presupuestario central recogido en el informe financiero publicado, nunca sería necesario la activación de estas palancas adicionales. Menos aún ya en 2025, como vaticinan desde la AIReF y el Banco de España, cuando se produciría la primera revisión del estado de salud del sistema a partir de un análisis combinado de las previsiones de gasto en el medio y largo plazo incluidas en el 'Aeging Report' de la Comisión Europea y del montante aportado por las medidas encaminada a incrementar los ingresos del sistema -por cotizaciones- incluidas principalmente en la segunda pata de la reforma, que calcularía la Autoridad Fiscal.

Las medidas, concretamente, se activarían en función de si el desembolso supera el 15% del PIB y los ingresos rebasan, o no, los 1,7 puntos. Todas las posibilidades de activar la palanca aparecen despejadas en la previsión del Gobierno que estima que el gasto en pensiones corregido de ingresos -es decir, incluyendo y compensando el peso de los mismos- no superará el 12,4% del PIB.

Sin embargo, a parte de que el propio Gobierno admite que los escenarios están sujetos a la variabilidad de los diferentes componentes que los determinan, los expertos que han realizado un primer análisis de las proyecciones plasmadas en el informe en cuestión -que había sido igualmente comprometido con la Comisión- advierten de un exceso de optimismo que podría echar al traste la senda de sostenibilidad de la Seguridad Social trazada.

Así lo pone de manifiesto el investigador de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García, que en una primera observación advierte de que «se apoya en supuestos muy débiles y de muy difícil cumplimiento». Así, recuerda que la tasa crecimiento del PIB de un 2% real anual acumulativo supondría experimentar un salto desde el 1,4% de media anual acumulada en los últimos 20 años; similar a la productividad del 1,5% anual (frente al 0,5% los últimos 20 años); y estimando una tasa de ocupación que mejora del 71,1 al 79,4% y una tasa desempleo que se reduce del 15,6 al 5,5%. Además de poner en duda las importantes variaciones que presenta el Gobierno en términos de llegada de inmigración, reducción de esperanza de vida e incremento de la tasa de fertilidad.