El Gobierno sopesa una tercera licitación para desatascar la crisis de Muface

Fuentes conocedoras de las negociaciones que se están manteniendo con las aseguradoras para tratar de desbloquear la crisis de Muface aseguran que la Administración ya baraja diversas opciones para mejorar la oferta económica volcada en la segunda licitación y que incluso ha dejado caer la posibilidad de ir a una tercera licitación en el caso de que la negociación no consiga el objetivo de asegurar la renovación del concierto, aunque como medida de último recurso.

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Bruno Pérez

Consultado por ABC sobre esta negociación el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública ha optado por guardar silencio y remitirse a las declaraciones que en los últimos días ha repetido el ministro Óscar López en relación al esfuerzo económico «sin precedentes» realizado para tratar de renovar el concierto de Muface, con una subida de las primas de más del 33% en tres años y 4.500 millones de euros de dotación económica total, y a la confianza del Gobierno en que finalmente pueda prorrogarse el concierto que asegura la cobertura sanitaria de 1,1 millones de funcionarios y 400.000 familiares.

El Gobierno insiste en trasladar un mensaje de calma a los mutualistas pese a que a menos de una semana para el vencimiento del plazo prorrogado para concurrir a la licitación -el próximo día 27 de enero, a las 10.00 horas de la mañana- las aseguradoras de dos de cada tres mutualistas han anunciado públicamente que no concurrirán a la renovación del concierto y a que la tercera, Asisa, aún no ha confirmado que quiera asumir la prestación de la asistencia sanitaria de los mutualistas en solitario.

Y pese a que cientos de mutualistas han empezado a ver deteriorado el servicio que reciben de las aseguradoras, según las denuncias formuladas de forma pública por sindicatos como CSIF y plataformas como Fedeca, con retrasos en las citas médicas, demora en las intervenciones o dificultades para ser atendidos desde que comenzó la crisis.

Fuentes de CSIF revelan que ya han empezado a documentar todas estas anomalías con el objetivo de elevarlas a la Comisión de Garantías de Muface y en última instancia, si no se resuelven, denunciarlas en la instancia económico-administrativa o en los tribunales. Otra fuentes de la mutualidad indican que incluso Muface se ha visto obligada a dirigirse a las aseguradoras para exigirles que cumplan con los servicios que prevé el concierto en tanto esté vigente, tal y como establece la prórroga arbitrada aprovechando el respaldo legal que ofrece la Ley de Contratación del Sector Público.

En medio de este clima de inquietud, con el sindicato CSIF amenazando con acciones judiciales por los episodios antes mencionados, UGT y CC.OO. exigiendo una reunión con el ministro y policías, profesores y altos funcionarios en la calle este miércoles para exigir la continuidad del modelo de mutualismo administrativo, el Gobierno trata de encontrar una salida que convenza a las aseguradoras que se han descolgado de la renovación del concierto de volver a enrolarse en Muface.

Según confirman fuentes conocedoras de las negociaciones el diálogo se centra ahora en encontrar alguna fórmula que garantice una reparación económica en caso de pérdidas. Como ya publicó ABC, el Gobierno aclaró a Asisa que la cláusula de reequilibrio financiero que se incluye en la segunda licitación -y que no consiguió convencer ni a SegurCaixa Adeslas ni a DKV- no se limitará al 5%, como se podría desprender de los precedentes judiciales, lo que abre la puerta a compensaciones más elevadas si se desvían los costes del concierto 2025-2027 y ayer mismo el diario 'Expansión' publicó que las aseguradoras exigían la compensación de 440 millones perdidos en el concierto anterior como premisa plantearse seguir en Muface. Las fuentes consultadas por ABC revelan que las aseguradoras están utilizando el precedente de las compensaciones abonadas a las autonomías por la pandemia para reivindicar su derecho.

En realidad, esa ha sido la cuestión clave desde el primer momento. Las aseguradoras ya trasladaron al Gobierno antes incluso de la primera licitación un informe que evaluaba en 641 millones de euros las pérdidas acumuladas por el concierto 2022-2024. Aún así, el Gobierno decidió quitar en el último momento de los pliegos de la primera licitación una cláusula que preveía la posibilidad de un reequilibrio financiero de hasta el 20% sobre la cuantía del contrato y consignó, por el contrario, que la subida del 17% de las primas a dos años ya contenía «por primera vez» la compensación por el incremento de los costes de prestación del servicio.