El Gobierno restituye la Comisión Nacional de Energía para atar en corto al sector

«Impulsaremos el establecimiento de una Comisión Nacional de la Energía. Un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática. También se reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores», recoge el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar firmado el pasado octubre.

El verdadero objetivo de la nueva Comisión Nacional de Energía es estrechar aún más el control sobre el sector y, sobre todo, sobre sus empresas, las cuales son la diana recurrente de los partidos de izquierda por sus elevadas ganancias y los famosos 'beneficios caídos del cielo'.

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Esta CNE tendrá que pilotar la transición energética y, entre otras tareas, deberá redefinir el impuesto a las energéticas, que el Gobierno se ha comprometido a aligerar según las inversiones en renovables de las empresas, en lugar de asociarlo de forma directa a la facturación como ha sucedido en los ejercicios de 2022 y 2023.

Sobre este asunto, la vicepresidenta tercera de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó el pasado viernes a Efe que el Gobierno no descarta el carácter permanente del impuesto temporal a las empresas energéticas, sobre el que está trabajando para su prórroga. «El mensaje que yo les traslado es que es tiempo de invertir y no de repartir beneficios», afirmó desde Nueva Delhi, donde participó en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (WSDS).

«No parece muy razonable» que los ciudadanos vean el reparto de grandes beneficios entre las grandes energéticas cuando hace falta una inversión masiva para avanzar en la transición hacia la energía limpia en España, aseguró.

La Comisión Nacional de Energía asumirá el balance del sector eléctrico, que en 2022 registró un superávit histórico de 6.190 millones. Casualmente, el sistema acumuló un déficit de 35.000 millones de euros durante la existencia de la anterior Comisión Nacional de Energía (1999-2013).

Cabe recordar que la CNMC nació en octubre de 2013 de la fusión de ocho organismos reguladores sectoriales: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo de Medios Audiovisuales, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión de Regulación Aeroportuaria y la Comisión Nacional del Juego.

Su primer presidente fue José María Marín Quemada y el edificio elegido fue precisamente la sede de la CNE, en la esquina de las calles de Alcalá con Barquillo, en Madrid.

Aún se desconoce la estructura de la futura CNE, aunque algunas fuentes apuntan a que tendrá un consejo con siete miembros. Para presidir la misma la favorita es Natalia Fabra, una de las ideólogas de la reforma del sector eléctrico y asesora de cabecera de Teresa Ribera. Hija del que fuera presidente de Red Eléctrica y también consejero de la antigua CNE, Jorge Fabra, es consejera en Enagás. Profesora de Economía en la universidad Carlos III y experta en transición energética es partidaria de acelerar la expansión de la renovables.

Otra candidata, según algunos expertos consultados, es Maite Costa, que ya presidió la CNE entre 2005 y 2011 con el gobierno de Zapatero.

Tampoco se conocen los medios humanos, materiales y técnicos que tendrá la CNE, ni su presupuesto.

Varios de los expertos consultados no comparten la decisión del Gobierno de escindir de la CNMC la antigua CNE. Uno de ellos, exconsejero de la CNMC, afirma que «las instituciones de competencia y de regulación son del Estado, no del Gobierno, y para que sean independientes deben de ser fuertes y una CNE es más débil que la CNMC. Una institución más pequeña es más fácil de colonizar». Añade que la decisión del Ejecutivo «genera desconfianza» y «facilitará el control por parte del gobierno».

El hecho de que la regulación del sector energético vaya a estar en la nueva CNE y las cuestiones de competencia sigan en la CNMC «puede dar lugar a decisiones o dictámenes contradictorios», según este exconsejero.

Esta situación ya se dio hace años, cuando la Comisión Nacional de Energía de entonces, presidida por Maite Costa, mantuvo serias diferencias con el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la opa de Gas Natural (ahora Naturgy) a Endesa en 2006. La primera era partidaria de aprobar la fusión con algunas condiciones, mientras que el segundo abogaba por rechazar la operación.