El Gobierno reserva un margen extra de 20.000 millones para repartir gastos y ayudas en 2023

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves en la rueda de prensa de presentación del proyecto presupuestario que las cuentas públicas no recogen todos los gastos en los que el Gobierno tiene previsto incurrir en 2023 y también que se han diseñado con la holgura necesaria para absorber las nuevas ayudas, bonificaciones o inversiones que se consideren adecuadas en el futuro.

De momento, se sabe que el Gobierno no ha incluido en los Presupuestos ni un solo euro de los 14.000 millones en ayudas que ha aprobado a lo largo del año para paliar el impacto de la crisis energética y de la inflación, entre los que destaca la bonificación de 20 céntimos sobre el litro de carburante, y que en todo o en parte serán prorrogadas antes de su vencimiento previsto para el 31 de diciembre.

Las holguras a las que se refiere Montero están en dos flancos diferentes. Por el lado de los ingresos, la ministra de Hacienda reconoció ayer que la previsión de recaudación para 2023 está calculada por lo bajo y que es seguro que los ingresos tributarios del Estado se situarán muy por encima de los 262.781 millones de euros previstos. En otras palabras, el dinero en caja no será un problema.

Podría serlo la regla de gasto impuesta por Bruselas a los países con graves desequilibrios en sus cuentas públicas, como es el caso de España, y que les obliga ya desde el próximo año a que el gasto primario (excluido el coste de hacer frente los vencimientos de deuda, básicamente) no crezca más que el crecimiento potencial de la economía a futuro. Montero precisó ayer que los Presupuestos cumplen esa regla, ya que el gasto primario crece un 1,5% y el Gobierno estima el potencial de crecimiento de la economía en el 3,2%. Esto deja un margen de 1,7 puntos o de cerca de 20.000 millones si se pone en euros para ir más allá de lo que recogen los Presupuestos en las políticas de gasto.

Montero se ocupó ayer en dejar bien claro que el Gobierno no va a escatimar. Pese a la catarata de ingresos fiscales que le han entrado al Estado desde la pandemia –las prudentes previsiones para 2023 se sitúan 70.000 millones más de lo que se recaudó en 2020–, la ministra avanzó que no será el próximo año cuando el Estado empiece a recortar el déficit estructural de en torno al 4% que tanto inquieta en Bruselas y que puede acabar con España en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad a poco que las nuevas normas fiscales mantengan algo del rigor actual.

En las cuentas de 2023 el Gobierno ha optado por encauzar todo ese torrente de ingresos fiscales que están entrando en las arcas públicas gracias a la inflación, las subidas de impuestos (cuyo efecto recaudatorio este año será de 3.000 millones), la extensión del número de contribuyentes que está generando la fortaleza del empleo y otros factores menos evidentes entre los que Montero destacó la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pero que muchos expertos no aciertan a explicarse, hacia la financiación de ayudas, el pago de subvenciones y la creación de bonos para diferentes segmentos de la población.

Las cifras llaman la atención. Cerca de 20.000 millones extra para pagar la revalorización de las pensiones con el IPC, casi 30.000 millones más de gasto social, subida del 8,5% del Ingreso Mínimo Vital, una mejora de 100 euros al mes para los desempleados que lleven más de seis meses en esa situación, 600 millones extra para el sistema de dependencia, 800 millones para modernizar residencias de la tercera edad, 400 millones más para becas al estudio, una inyección de 500 millones a los presupuestos autonómicos para mejorar la red de atención primaria y de salud mental, 260 millones para hacer más asequible el acceso de los jóvenes a la vivienda, transporte ferroviario gratuito, bono joven de alquiler, bono cultural...Subvenciones, ayudas y esquemas de protección de rentas acaparan la mayor parte del presupuesto más alto de la historia de España, nada menos que 583.543 millones en términos consolidados.

El fenomenal esfuerzo realizado para asegurar la protección de rentas de determinados colectivos o incentivar determinadas actividad vía ayuda contrasta con la contención presupuestaria a la hora de financiar las políticas con capacidad de dinamizar la actividad en los sectores productivos.

El capítulo de actuaciones de carácter económico del Presupuesto, que aglutina los programas orientados a apoyar los sectores productivos, está plagado de partidas que se congelan 'de facto', al menos en cuanto al esfuerzo presupuestario que corresponde al Estado. Las excepciones son las subvenciones al transporte, que crecen por los 700 millones que se destinan a mantener en 2023 la subvención al transporte ferroviario; y las partidas destinadas a investigación y desarrollo, que acreditan un historial de dotaciones altas y ejecuciones mínimas.

El proyecto presupuestario del Gobierno deja el impulso a la actividad económica a los 20.000 millones de euros del Plan de Recuperación y a los 4.700 millones de euros extra en préstamos procedentes del brazo financiero del Mecanismo de Recuperación que el Gobierno confía en aplicar en 2023, en cuanto se firme la adenda del plan con Bruselas.

Pese a los problemas de ejecución que se han evidenciado tanto el año pasado como este, el Gobierno confía en que los fondos europeos dinamicen la actividad económica y aporten en torno a dos puntos de PIB los próximos años

La ministra de Hacienda ha resumido este jueves la orientación de los Presupuestos como «un antídoto contra la pobreza y la desesperanza», cuyo objetivo, ha subrayado, es «ayudar a la sociedad a transitar en momentos de dificultad» y «perseguir un reparto justo de los efectos de la guerra», justo lo que el Banco de España puso en cuestión el pasado miércoles a cuenta de medidas como la actualización general de las pensiones.